Oficialismo busca premio consuelo ante la Corte

Jorge Capitanich

 La puja por fondos entre el Gobierno y la Corte Suprema motivó un déjà vu ayer en el cuerpo colegiado encargado de la selección y remoción de jueces. Ocurre que en el mes de febrero, cuando se eligieron las autoridades del organismo, los jueces y la oposición tuvieron la oportunidad de imponer su aritmética y conseguir, además de la presidencia para Alejandro Sánchez Freytes, el control sobre todas las comisiones. Ambiciones que encontraron un freno en el camarista Ricardo Recondo, actual vice. "Si hacemos eso no nos van a dar fondos y después no sé cómo hacemos para pagar los sueldos", explicó.

Ganó esa negociación, pero el cálculo, por estas horas, se está revelando como equivocado.

Hasta anoche el oficialismo no había respondido a la nota que el martes envió la Corte en una suerte de reclamo por la demora de Jorge Capitanich para firmar una reasignación de partidas presupuestarias que le permitan al máximo tribunal otorgar un incremento salarial del 15% para todo el Poder Judicial.

Al encontrarse Julián Álvarez en París por una cumbre del GAFI, ayer las conversaciones más trascendentes se daban en el despacho del diputado Eduardo De Pedro. Allí especulan con que si la Corte no le habilita al kirchnerismo un cargo en la administración de la Magistratura, las compensaciones podrían pasar por un nombramiento en la comisión de selección y una subrogancia en el Juzgado Federal Número 3 de La Plata que es clave porque quien lo ocupe subrogará al juez de competencia electoral Manuel Blanco.

El oficialismo pretende un nombramiento efectivo para Adriana Gigena, quien actualmente se desempeña ad honorem en la comisión de selección. Esta comisión, que controla De Pedro, ya cuenta con un secretario nombrado, detalle que, con el envión de los primeros días del año, el kirchnerismo olvidó, con lo cual Gigena renunció a un puesto en una vocalía para terminar sin cargo. Esta y otras impericias alcanzan para entender el escenario actual.

Hace dos semanas el oficialismo intentó nombrar como subrogante en un juzgado de La Plata al secretario Jorge Di Lorenzo, que no concursó ni tampoco tiene acuerdo del Senado. El freno a esta iniciativa no requirió de largos debates: ese juzgado ya es subrogado actualmente por el juez Blanco y no hay motivo ni reglamento alguno para reemplazarlo por otro postulante. De Pedro y el diputado Carlos Moreno se lanzaron a esa aventura con el guiño del juez Mario Fera, que no tuvo mayores reparos en avalar a Di Lorenzo en la comisión de selección.

El error del kirchnerismo fue haber interpretado que al ceder espacios de poder temporales (presidencia y vicepresidencia del Consejo) obtendría despachos permanentes, y determinantes, en la administración del Poder Judicial.

Una instantánea que no consideró el relato anterior y que es el que señalan en la Corte: antes de demandar cargos, el oficialismo tendría que pagar por las obras de infraestructura que el consejo realizó con sus fondos cuando por ley debería haberlo hecho con los del Tesoro. La cifra supera los mil millones de pesos y hay vocalías en la Corte donde entienden que esto debería bastar para que el Gobierno firme la reasignación de partidas y acepte algún premio consuelo.

Esta percepción no es exclusiva del cuarto piso del Palacio de Tribunales. También encuentra eco en las vocalías de los senadores oficialistas Marcelo Fuentes y Ada Itúrrez de Capellini, quienes descreen de la táctica que lleva adelante la dupla Álvarez-De Pedro, aunque prefieren no manifestar estas disidencias cuando se encuentran transitando sus últimos meses en el cuerpo colegiado.