Oficialismo en Magistratura ya discute reforma

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Los representantes del Gobierno en el Consejo de la Magistratura ya discuten, en paralelo al proyecto que se enviará al Congreso, una reforma del cuerpo colegiado. En este ámbito las conversaciones pasan más por las mayorías reglamentarias para la selección y remoción de jueces que por la elección de los estamentos que integran el plenario. Ideas que podrían sumar al proyecto y al mismo tiempo atraer aliados inesperados. Por su parte los opositores discuten eventuales respuestas y existe una que ya suma buen hándicap: lograr mayores controles sobre las cuentas del Consejo.

El discurso de Cristina de Kirchner del pasado viernes disparó todo tipo de conciliábulos en la calle Libertad, en especial en el despacho del senador Marcelo Fuentes, cuya influencia en el Consejo va en ascenso como consecuencia de su línea directa con Balcarce 50 y que quedó en evidencia desde el comienzo de la puja judicial entre el Gobierno y el Grupo Clarín por la ley de medios.

Los consejeros oficialistas están convencidos de la necesidad de una reforma del Consejo pero en términos más bien operativos, como por ejemplo, limitar al máximo las mayorías extraordinarias que suelen llevarlos a la mesa de negociación con los opositores. Actualmente al momento de reunir los 2/3 de los votos necesitan del apoyo de un consejero opositor. A fines de 2012 esta desventaja aritmética implicó el naufragio del concurso destinado a cubrir vacantes en el fuero Civil y Comercial donde tramitan los expedientes de la ley de medios.

Los kirchneristas apuestan por lograr que las principales decisiones, como la selección y la remoción de jueces, se concreten mediante la mayoría simple lo cual los deja en posición favorable al momento del plenario. Hay un argumento técnico que serviría como vehículo de seducción: el proceso de cobertura de vacantes sería más veloz y el Consejo no quedaría inoperante, producto de las pujas políticas de coyuntura. Un pedido que suele escucharse en los despachos de la Corte Suprema.

Entre los oficialistas del Consejo dominan las dudas sobre el proyecto que el Gobierno enviará al Congreso para reformar el órgano (a cuyo borrador nadie ha logrado acceder).

Sin embargo hay un diagnóstico compartido: la implementación de elecciones por la vía popular para nombrar consejeros es una idea con fuertes objeciones de tinte constitucional.

Al mismo tiempo existen especulaciones sobre la cuestión jubilatoria. Descreen que ese aspecto llegue al Congreso ya que es una cuestión que el oficialismo puede intervenir directamente desde ANSES. Un detalle: desde hace meses el acto administrativo para efectivizar la jubilación de los magistrados todavía en ejercicio está presentando demoras inéditas en una división específica del ente previsional.

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