6 de junio 2014 - 00:00

Oficialismo, sin votos para jury a camaristas

Carlos Moreno
Carlos Moreno
El oficialismo no logró los votos suficientes ayer en el Consejo de la Magistratura para enviar a jury de enjuiciamiento a dos camaristas del fuero de la Seguridad Social que suelen fallar contra la ANSES en los juicios de los jubilados.

Ante la negativa de los legisladores opositores, los abogados y de los jueces, el kirchnerismo optó por postergar la discusión.

El expediente era impulsado por el diputado Carlos "Cuto" Moreno y apuntaba a los jueces Luis Herrero y Emilio Fernández, ambos denunciados por su colega de la Sala II del fuero, Nora Dorado.

Moreno
brindó una reflexión ineludible para entender los sucesos de la Magistratura cuando explicó que, para él, el consejo es un ámbito de negociación cuando en realidad la Constitución lo ubica como un organismo de control.

En las últimas semanas no la pasa bien el kirchnerismo en el cuerpo colegiado. A diferencia de años anteriores, ahora la influencia más decisiva es la de los jueces que ostentan la presidencia y la vicepresidencia y que no dan señal de ceder en cuanto al reclamo oficialista de lograr un puesto en la administración del consejo.

Hasta el momento la única satisfacción proviene de la comisión de selección, que lidera el diputado Eduardo de Pedro, donde los concursos para cubrir vacantes avanzan siempre y cuando no generen polémica con la oposición. Por lo general se trata de espacios alejados de las causas que inquietan al poder.

Influencias

El cambio respecto de la gravitación de cada consejero en el bloque oficialista es cada vez más evidente: poco o nada queda de la influencia que supieron tener el senador Marcelo Fuentes o el propio Moreno. Ahora todo se decide en las oficinas del viceministro Julián Álvarez y del diputado De Pedro. Un giro esperable y que la senadora Ada Iturrez de Cappellini define, no sin cierto disgusto, como "el desembarco".


Ayer los momentos de mayor tensión se dieron en la disputa sobre la renuncia que presentó el camarista civil Diego López, que fue denunciado por todos sus colegas del fuero.

López fijó su salida para el 31 de julio con la única condición de que todos los camaristas que lo denunciaron sean también investigados. Moreno, inquieto, recomendó aceptar el acuerdo porque, a su criterio, había riesgo de que el camarista decidiera dar marcha atrás. Esto provocó una reacción del representante de los abogados, Alejandro Fargosi, quien calificó esa maniobra como una extorsión del juez para con el pleno del consejo.

Desde el grupo oficialista avisaron que la renuncia ya estaba en el Poder Ejecutivo y que en los próximos días sería aceptada.

Cuando se trató el caso del juez penal Axel López, cuestionado por sus criterios para las excarcelaciones que ya devinieron en dos homicidios por parte de quienes recibieron ese beneficio, el secretario Álvarez volvió a exhibir una gran flexibilidad.

Firmó un dictamen acusatorio con terminos duros y solicitó su enjuiciamiento, pero en el momento del plenario buscó moderar su actitud escrita, algo distante de las ideas que expone en los múltiples coloquios que anima con frecuencia semanal.

El caso de López motivó una audiencia de la comisión de disciplina repleta de familiares de víctimas. Los votos de la mayoría de la comisión (sin el apoyo del estamento de los jueces) fueron por aprobar el dictamen presentado por Álvarez aunque finalmente se acordó que hasta que termine el jury López permanecerá en el cargo.

Ahora el caso pasa al plenario del consejo y allí se requieren dos tercios de las voluntades para efectivizar el jury.

López está denunciado por supuesto mal desempeño en sus funciones luego de que concediera la libertad condicional a Juan Cabeza, quien asesinó a Tatiana Kolodziez en octubre de 2012. Las denuncias contra el juez hacen hincapié en que otorgó el beneficio desoyendo el dictamen del Cuerpo Médico Forense que advertía un riesgo en el beneficio de la excarcelación.

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