Oficialismo ya negocia por 4 sillas en Casación

El oficialismo en el Consejo de la Magistratura negocia con la oposición por un listado de 12 nombres que busca enviar al Ejecutivo para que se cubran cuatro vacantes en la Casación Penal federal, el máximo tribunal penal que a su vez es un terreno sensible para el poder político y económico por las causas que allí tramitan.

Ayer finalizaron las entrevistas a los candidatos y ahora la discusión se volcará sobre el plenario del cuerpo colegiado. Hasta anoche, el esquema para replicar incluía dos lugares para cada bloque.

Ese consenso incipiente generó que las entrevistas a los candidatos hayan sido armónicas, salvo el caso de la camarista de Entre Ríos Cintia Gómez, quien está casada con un diputado del kirchnerismo disidente y que debió padecer preguntas de tinte más artero.

En la oposición se descuenta la voluntad del oficialismo de lograr un acuerdo para dividir las vacantes; allí la inquietud pasa por lo que podría suceder cuando ese listado llegue a Balcarce 50 en el sentido de si allí se respetarán los acuerdos que se conversen en la Magistratura. Antes, para cuatro vacantes se elevaban seis nombres, lo cual acortaba la discrecionalidad.

Por la importancia de la Casación, la oposición partidaria preferiría que el concurso pasase para la próxima administración, algo similar a lo que ocurre con la Corte Suprema.

Esa estrategia pierde puntos frente a los jueces que integran el Consejo, tanto Luis Cabral como Leónidas Moldes, que están en posición inmejorable de nombrar en la Casación a candidatos de sus espacios que se disputan la política gremial de los jueces.

Una negociación en la cual los magistrados toman ventaja frente a políticos de la oposición de escasa presencia en el Consejo como el diputado Gustavo Valdés o el senador Ángel Rozas, que de tanto en tanto exterioriza sus dudas sobre el reglamento.

Además, en el caso de Cabral, activar este concurso en particular es necesario por una cuestión de formas, ya que el juez subroga un asiento en la Casación con una modalidad que no es la reglamentaria y que está cuestionada por media Cámara.

Más allá de esos avatares, la posibilidad de un acuerdo refuerza a los candidatos del oficialismo, tanto al juez Daniel Obligado, que ya casi da por descontado que será camarista (en confianza, él mismo dice que tiene todo el apoyo del viceministro Julián Álvarez), como el fiscal Marcelo Ferrante, que pasó de ser profesor universitario a una fiscalía general sin que mediara ningún tipo de experiencia práctica. En su favor, debe decirse, la Universidad Di Tella exige dedicación exclusiva a ciertos profesores de su claustro.

El concurso de la Casación es sólo una muestra de la sintonía que el Gobierno pretende con la Justicia cuando falta poco para el 10 de junio, día en el cual deben anotarse las candidaturas.

En esa estrategia se inserta el hecho de que prácticamente el oficialismo entregó la implementación del Código Procesal Penal a una comisión del Congreso cuya integración, a futuro, es incierta. Así como primero se excluyó al fuero federal en un intento por sellar la paz con Comodoro Py, ahora se retrasa la implementación con el interés, deslizado en voz baja, de que Alejandra Gils Carbó continúe en su cargo después de diciembre.

El año pasado, desde la propia Corte le avisaron al Gobierno que la reforma sería viable si se modificaban características del rol del procurador, como por ejemplo, el hecho de que sea un cargo vitalicio. El mensaje fue comprendido y el kirchnerismo duro optó por la jefa de los fiscales. Para tener en cuenta: a pesar de ciertas disonancias, Gils Carbó acompañó todas las reformas del Gobierno. Cuando a Esteban Righi le plantearon impulsar el modelo acusatorio, aprobó la idea, pero avisó que no contarán con él para esa faena. El caso Ciccone sólo fue el punto culminante.

Este esquema pacificador con los tribunales y con la Corte, muy lejano a los días de furia contra Fayt, sólo requiere ahora de un último agregado que para el oficialismo tiene peso específico: que prosperen las gestiones realizadas, con el mayor de los sigilos, ante interlocutores cercanos a Washington, para que Estados Unidos le niegue el asilo político al espía Antonio "Jaime" Stiuso. El mensaje esgrimido viene a decir que si la realidad fuera al revés. La Casa Blanca no vería con buenos ojos que un Gobierno proteja a un espía díscolo. La referencia más inmediata es la estadía de Edgard Snowden en Moscú, que corre por cuenta del Gobierno de Vladímir Putin.