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Okupas ganan en el Indoamericano: los censan para pagarles el lote
• Mauricio Macri se niega, pero la Nación le impone acuerdo para que pague la construcción de casas
Ayer se vivió un clima de calma en el Parque Indoamericano, mientras que la gente era censada.
Los parámetros de la negociación que volverá hoy están lejos de la posición que sostuvo el Gobierno porteño desde el principio. El censo, aún no concluido, apunta a relevar la existencia de unos 1.200 «lotes» ya subdivididos irregularmente por los ocupantes. La exigencia es de unos $ 25.000 por cada una de esas familias, por lo que el «costo» de la operación desalojo llega a $ 30 millones.
Pero esa cifra podría ser superior: antes del censo oficial el ingreso al predio del Indoamericano continuó llegando a un nivel cercano a 4.000 personas.
En la negociación que continuará hoy el intercambio exigido por el Gobierno es directo: acordar la salida de los ocupantes a tierras que se proveerán en el conurbano a cambio de que la Ciudad se haga cargo del costo de la construcción de las viviendas. No hay que ser demasiado astuto para pensar que el Gobierno nacional le impondrá que el brazo ejecutor de esas viviendas será la empresa que las Madres de Plaza de Mayo tienen para esos emprendimientos (uno de ellos pegado al Indoamericano).
Macri y sus ministros se niegan a reconocer una negociación en esos términos. Anoche lo explicaba el jefe de Gobierno porteño, pero ante la inexistencia de la Policía Federal como fuerza de despliegue y limitándose el aporte federal al cerco de Gendarmería, el panorama no le ofrece a Macri una salida elegante.
Con esos parámetros llegará el macrismo de nuevo a la Casa Rosada para buscar una solución en una negociación en la que seguirá sosteniendo que no convalidará pagar las viviendas bajo la presión de la toma, pero sin demasiado margen de maniobra.
La complejidad del tema llegó ayer a tal punto que los partidos de izquierda y las asociaciones de piqueteros tenían dudas sobre el sentido de mantener el apoyo a los ocupantes en los términos en que habían llegado no bien comenzó la crisis.
Se mezclaban en esto la Corriente Clasista y Combativa y el Partido Obrero con grupos parakirchneristas que operaban en la zona. Macri denunció ayer a algunos de esos grupos que operaron en la revuelta, como a Alejandro Salvatierra, a quien el jefe porteño calificó como operador de Daniel Filmus, pero la pelea por el toma y daca de fondos contra ocupación involucró a muchos otros operadores.
Frente a esa situación, vecinos de Soldati y Lugano, a pesar del cerco desplegado por Gendarmería, intentaban entrar al parque para continuar la guerra por el desalojo.
Para muchos de ellos la toma con la exigencia del pago de viviendas resultó insostenible. No sólo porque no están dispuestos a convalidar un megaasentamiento frente a sus casas y edificios, sino porque muchos de ellos son propietarios por haber suscripto planes de vivienda con pago en cuotas a siete años y ahora se encuentran con que otros están a punto de lograr lo mismo, pero sin pagar.
Paga el costo político el jefe porteño por no haber avanzado en el desalojo con su Policía Metropolitana a pesar de no estar preparada; se arriesga ahora a una derrota frente al Gobierno o a convalidar por impotencia una situación de ocupación en el parque.



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