La nueva solicitud para un proceso de "impeachment" fue entregada a la Cámara de Diputados y sostiene que la jefa de Estado avaló las irregularidades detectadas en los balances presentados por el Gobierno en 2014.
Esas irregularidades, según órganos de contraloría, se mantuvieron en 2015, ya en el segundo mandato presidencial de Rousseff, que comenzó el pasado 1 de enero. Este argumento es clave, ya que no se puede remover a un presidente por irregularidades cometidas en un mandato anterior.
"Éste no es un movimiento sólo de la oposición" ya que "representa a la población brasileña, que no soporta más a este Gobierno mentiroso y corrupto", declaró el diputado Carlos Sampaio, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), al hacer entrega del documento en compañía de parlamentarios de otras tres formaciones opositoras.
El documento, redactado, entre otros, por el jurista Hélio Bicudo, uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores, fue recibido por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien está contra las cuerdas debido a una investigación que lo incluye entre el medio centenar de políticos beneficiados por las corruptelas en Petrobras.
Sin embargo, Cunha es, según la ley, el responsable de analizar los pedidos de destitución de un jefe de Estado, que la Constitución prevé siempre y cuando existan razones jurídicas o los considerados "delitos de responsabilidad".
Analistas creen que, en negociaciones con oficialistas y opositores, Cunha busca algún tipo de acuerdo de impunidad, lo que genera gran incertidumbre acerca de si aceptará o rechazará este pedido.
El documento fue entregado horas después de que Rousseff regresó al país tras un viaje a Suecia y Finlandia, durante el que intercambió duras declaraciones con Cunha, quien pertenece al oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), pero hace meses anunció su decisión "personal" de pasar a la oposición.
Desde el exterior, Rousseff lamentó que "un brasileño", en alusión a él, estuviera implicado en asuntos de corrupción, a lo que el jefe de Diputados respondió que "nunca" se había visto un Gobierno "tan corrupto como el actual".
Rousseff replicó desde Finlandia y declaró que el Ejecutivo no tiene nada que ver con los escándalos en Petrobras, frente a lo cual Cunha declaró que "no sabía" que la estatal "no era del Gobierno".
Con ese enconado telón de fondo, Cunha recibió ayer el documento, pero aclaró que "será procesado dentro de la legalidad y con imparcialidad", al igual que ya analizó y rechazó otros once, pues, a su juicio, carecían de los elementos jurídicos que exige la Constitución.
La oposición afirma que esta vez es diferente, ya que considera que se "comprobó que Rousseff incurrió en "delitos de responsabilidad" en forma "continua" y que, además, "insiste" en esas prácticas.
Los balances de las cuentas públicas del año pasado ya fueron reprobados por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), organismo de contraloría que además ha detectado que esas maniobras se han mantenido durante este año.
Esos balances deben ser analizados ahora por el Senado, que en caso de rechazarlos, como recomendó el tribunal, daría aún más pie a un posible juicio político contra Rousseff.
El fiscal a cargo de esa investigación en el Ministerio Público de Cuentas, Julio Marcelo de Oliveira, aseguró que el Gobierno cometió "irregularidades graves" en el manejo de las cuentas públicas y aún las comete.
Constató que en 2014 no depositó en la banca pública parte de los montos previstos para cubrir los pagos de seguros de desempleo o subsidios a las familias más pobres, entre otras obligaciones. Eso, llamado "pedaladas fiscales", destinadas a maquillar y disimular el déficit público, llevó a los bancos a cubrir esos compromisos con sus propios recursos y le generó al Estado una deuda por 40.000 millones de reales (hoy 10.260 millones de dólares).
| Agencias EFE, Reuters, DPA y AFP |
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