Oxígeno para Pedraza

Las apelaciones de los procesamientos de los sospechosos por el crimen de Mariano Ferreyra le dieron oxígeno al jefe de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, cuya declaración indagatoria fue pedida por la fiscal del caso. Los investigadores del asesinato del activista del Partido Obrero (PO) estimaron que la jueza Susana Wilma López no alcanzará a citar a Pedraza antes de fin de año. Ayer apeló su procesamiento Gabriel Sánchez, señalado como uno de los tiradores durante los incidentes del 20 de octubre pasado, en Barracas, y hoy harán lo propio los otros seis detenidos.

La fiscal Cristina Caamaño había pedido hace dos semanas a la jueza que indagara a Pedraza y a su segundo en el gremio, Juan Carlos «Gallego» Fernández, por su presunta responsabilidad en el armado de un grupo de trabajadores ferroviarios y barras bravas para disipar una protesta de trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca. Caamaño realizó el pedido sobre la base de las declaraciones de algunos testigos y a partir de las conversaciones que mantuvieron por handy Fernández y uno de los detenidos, Pablo Díaz, delegado del gremio en el Roca y sindicado como organizador del contrapiquete.

Los impulsores de la investigación explicaron que hoy terminarán de presentar las apelaciones Díaz, Cristian «Harry» Favale, Juan Carlos Pérez, Guillermo Uño, Francisco Salvador Pipito y Jorge Daniel González. A continuación, la jueza deberá enviar la documentación a la Cámara del Crimen para su evaluación. El tribunal no tiene plazos para resolver las apelaciones, pero cuando se trata de causas con detenidos, por lo general la demora no supera los 15 días.

Recién una vez definido ese trámite, la jueza encarará la segunda parte de la instrucción: como anticipó este diario, buscará establecer responsabilidades intelectuales por el asesinato en la conducción del gremio. A partir de los tiempos que demandará la resolución de las apelaciones, será muy dificultoso que Pedraza llegue a ser indagado en lo que resta del año.

La magistrada también analizará la tarea de la Policía Federal, que según los querellantes demoró su intervención para generar una suerte de «zona liberada» donde el grupo de ferroviarios y barras bravas pudiese actuar en contra de los tercerizados. Y, además, profundizará sobre el accionar de la UGOFE, la concesionaria del Roca, ante la posibilidad de que sus directivos hubieran liberado de tareas el 20 de octubre a un centenar de empleados para facilitar su concurrencia al lugar de los incidentes.