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Pactan tregua con los controladores aéreos
Se llegó a esta situación tras innumerables reuniones; los controladores de todo el país accedieron a respetar una prórroga de 180 días en la actual estructura de trabajo de la Dirección General de Tránsito Aéreo de la Fuerza Aérea, lapso en el que el Ejecutivo se abocará a la creación de la nueva entidad que se ocupará en adelante de gestionar el control aéreo del país.
El antecedente del cambio de rumbo ocurrió en vísperas de las vacaciones invernales; controladores aéreos afiliados a la Asociación de Navegación Aérea de los Controladores de Tránsito (ANACTA) y también otros agrupados en ATE protestaron en varios aeropuertos para denunciar presuntas «persecuciones laborales y gremiales» y «exigir la desmilitarización de la aviación civil». Randazzo salió a ponerle el pecho al reclamo que ocasionó un caos en la programación de vuelos del Aeroparque metropolitano y paralizó el traslado de miles de turistas. Apagado el fuego, la negociación siguió a través de los gremios más poderosos ATEPSA y ACTA y culminó con el retorno al comando civil de la subsecretaría de Baladrón.
En 2007 los controladores pasaron de la Fuerza Aérea a la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC), organismo civil que se creó en el Gobierno de Néstor Kirchner; luego, el 15 de noviembre de 2011, Cristina de Kirchner, mediante el Decreto 1840/11, revirtió la medida y creó la Dirección Nacional de Tránsito Aéreo dentro del Ministerio de Defensa (Fuerza Aérea), que retomó la gestión.
Retroceso
A un año de la vuelta al control militar que ejerce el brigadier Alberto Palermo, el Gobierno retrocedió en sus pasos y vuelve el mando civil. La transferencia trae premio, recupera una caja de más de 200 millones de pesos al año en concepto de percepción de tasas de Protección al Vuelo en Ruta y de Apoyo al Aterrizaje que pagan las empresas aéreas. La tregua no es gratis; en un anexo, los trabajadores pusieron condiciones, entre ellas que no haya despidos, que haya participación gremial en las decisiones sobre la nueva estructura, que la Fuerza Aérea garantice las condiciones de operación (de recursos humanos y equipos electrónicos), que el Gobierno comunique por escrito las demoras del proceso de transferencia y sus causas. El nuevo organismo tendría el formato de una sociedad del Estado, estructura que permite flexibilidad a la hora de las contrataciones de personal y el llamado a licitación.


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