Padres presentan un amparo para exigir el inicio de clases

Otra semana de protestas en medio de discusión con Nación para canjear ajuste de rojo por fondos.

Paulino Caballero

Se judicializó en las últimas horas el drama de un ciclo lectivo que aún no arrancó en Santa Cruz por los paros, al presentar un grupo de padres de El Calafate un recurso de amparo para exigir que el conflicto salarial entre el Gobierno de Alicia Kirchner y los gremios sea resuelto sin afectar el derecho de los alumnos a recibir educación.

La crisis es extrema: ayer los maestros cumplieron 42 días de huelga por las demoras en los pagos -están abonando con cuentagotas el sueldo de abril- y no hubo acuerdo aún por la recomposición 2017, tras el rechazo a la exigua suba del 3% blandida en marzo (hoy habrá una nueva reunión, pero sólo de corte laboral).

Pero el impacto es mayor por el efecto arrastre: en 2016, también por las huelgas, sólo hubo 90 jornadas de clase en las escuelas públicas, muy lejos de los 190 días promovidos a nivel nacional.

Este escenario se da en medio del reinicio de las conversaciones entre el Gobierno de Mauricio Macri y la administración de Alicia Kirchner (Frente para la Victoria) para consensuar un ajuste gradual del déficit, en pos del equilibrio fiscal en 2019, que destrabará una asistencia financiera amplia.

En ese marco se inscribe el desembarco en Río Gallegos, sumido en el hermetismo, del subsecretario de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior, Paulino Caballero, y del director nacional de Relaciones Fiscales con Provincias, Guillermo Giussi, para reunirse con un ramillete de ministros encabezado por Juan Donnini (Economía).

Desde despachos nacionales optaron, sin embargo, por no difundir la agenda oficial para esquivar la amenaza de escraches o protestas por parte de militantes del oficialismo santacruceño para exigir un salvataje financiero de Balcarce 50.

"Son funcionarios públicos que van a hacer su trabajo; si esto se confirma, es vergonzoso", aseguró el titular de la cartera de Interior, Rogelio Frigerio.

Desde los sindicatos afirman, en tanto, que lo que pretenden es acercarse para elevar sus reclamos y pronunciarse en contra de los intentos de ajuste. La pretensión de máxima incluso es sentarse en la misma mesa de negociación.

Con ese telón de fondo, en la presentación ante la jueza en lo Civil y de Familia de El Calafate, Florencia Viñuales, una treintena de padres de alumnos de escuelas públicas dirigió el reclamo de clases contra el Ejecutivo, el Consejo Provincial de Educación y los sindicatos docentes ADOSAC y ATE.

La estrategia -que emanó desde la villa turística en la que juega de anfitriona Cristina de Kirchner- incluye el pedido a la magistrada para que ordene a los demandados "proveer todos los recursos que sean necesarios para la inmediata continuidad y/o comienzo, diario y sin interrupciones, de las clases educativas normales y regulares".

El pedido se basa en el derecho de niños y adolescentes a recibir educación, como lo estipulan tanto la Constitución Nacional como la Convención de Derechos del Niño.

Por eso en el escrito también piden que la Justicia declare a la educación como servicio esencial, para preservarla del impacto de medidas de fuerza salvajes.

En la Casa Rosada exigen que el Gobierno santacruceño se comprometa a hacer un ajuste gradual del déficit. De ello dependen un préstamo del Banco Nación por entre $750 millones y $900 millones, la refinanciación de vencimientos de deuda por más de $800 millones y el aval a un bono por u$s350 millones. Pero en el Ejecutivo patagónico se resisten a avanzar en un recorte de la planta de estatales o en un proceso de armonización del sistema previsional local, para equipararlo con el nacional.