• El Ministerio de Trabajo buscará “encapsular” el conflicto y alzas de hasta un 60%
El Gobierno quiere retomar la iniciativa laboral y encapsular la crisis policial como una cuestión sectorial de las fuerzas de seguridad para que no se traslade a otros rubros de empleados públicos. El Ejecutivo buscará ahora que los aumentos de hasta un 60% que recibieron algunas Policías provinciales no "infecten" al resto de las paritarias y provoquen un efecto cascada sobre los demás sectores, especialmente los que dependen de partidas nacionales. La misión ahora del Ministerio de Trabajo que maneja Carlos Tomada es que ese impresionante porcentaje sólo se justifique por un retraso salarial y la presión efectiva, y hasta extorsiva, de las fuerzas que protestaron, y que no puede trasladarse al resto de la sociedad. Si bien no se habla de porcentajes, el Gobierno buscará nuevamente plantarse en un 2014 con un incremento salarial por debajo del promedio general de este año y que llegó al 24% en promedio. La cifra ideal del oficialismo es de menos del 20% (18%), aunque se reconoce que un 22% total tampoco podría ser un mal nivel.
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En el mismo plano, el Gobierno ratificó ayer que no habrá reapertura de paritarias y que no homologará ningún pago de bonus de fin de año por sector, y que serán las empresas particulares y los gremios los que deberán discutir estas alternativas.
"Son porcentajes que no son referencia para nada", aseguraban ayer a este diario fuentes del Gobierno, que desde esta semana intentarán el encapsulamiento de las demandas de las fuerzas de seguridad a esos rubros específicos. "De ninguna manera pueden ser tomados para ningún sector que no sean las policías provinciales", afirmaban ayer las fuentes. Según esta visión, "se trata de un conflicto con un grupo laboral con reglas particulares, poder de presión particular y una relación con la sociedad particular", que "eventualmente también deberemos reconocer que tenían salarios muy retrasados".
Para el Gobierno, el ejemplo a seguir en estos casos fue el conflicto que en su momento mantuvo la Gendarmería en octubre de 2012, en el que los agentes de esta fuerza y la Prefectura, que llevó los salarios básicos de 5.000 a 11.000 pesos mensuales. Se recordaba que ese incremento de más del doble no provocó luego una catarata de reclamos en otros empleados públicos; y que luego, entre enero y marzo de este año, las negociaciones de los salarios que dependen del sector público se mantuvieron en incrementos menores que el 24% promedio. Trabajo buscará repetir la estrategia y plantear ambas situaciones como conflictos desagradables para la sociedad vinculados con un episodio de atraso más el uso de las armas para presionar por incrementos. De hecho, la situación salarial de los policías regionales en rebeldía en los últimos días era similar a la de los gendarmes, ya que partieron de un básico de 4.500 en promedio y llegan ahora a pagos de aproximadamente 10.000 pesos mensuales.
El otro terreno donde quiere enfrentar el conflicto el Gobierno es en el posible traslado del clima de aumento salarial generado a partir de los porcentajes que recibieron las policías provinciales en los privados. Para esto, la decisión del ministro Tomada es no homologar ningún acuerdo salarial sectorial que implique que todas las empresas de la misma actividad tengan que otorgar el mismo bonus de fin de año. La estrategia es que, en todo caso, sean los representantes sindicales de una compañía y sus dueños los que negocien un pago de este tipo, pero no a través de discusiones formales en la cartera laboral. Obviamente en la mira están los camioneros de Hugo Moyano, que piden un bono de 4.500 pesos "por única vez" para todos los choferes del país. También en la misma línea operan los bancarios de Sergio Palazzo, la UOM de Antonio Caló y los mecánicos de Ricardo Pignanelli, entre otros. Para todos los casos la respuesta oficial será "la discusión deberá ser sectorial o particular, pero entre los gremios y las empresas sin esperar homologación del ministerio".
Con esta decisión el Gobierno quiere desmanterlar las expectativas de reaperturas de paritarias anticipadamente. El Gobierno incluso quiere insistir en 2014 en la idea de ir firmando acuerdos de aumentos salariales a más de un año de duración, tal como lo hicieron este año sectores como Luz y Fuerza y los porteros de Víctor Santamaría, entre otros. El premio mayor, y que buscará el Gobierno durante enero, es que algún sindicato poderoso pueda firmar un acuerdo de paritarias a 20 meses, y con un incremento de salarios de no más del 30% en total. En la mira está el propio Caló, que este fin de semana aclaró que no hay intenciones ni de su gremio y sector (los metalúrgicos de todo el país) ni de otros sindicatos de la CGT oficial que él dirige, de pedir la reapertura de paritarias ni de reclamar un bono de fin de año generalizado. Éste sí es el reclamo de Moyano y la CTA opositora de Pablo Micheli, de fuerte nivel de penetración en sectores como médicos públicos, sanidad y empleados municipales.
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