Inquietud judicial fue desactivada por el Ejecutivo en sucesivas reuniones con magistrados. Un 30% menos de impugnaciones. Duda en financiamiento.
Jueza. María Servini de Cubría centralizará a nivel nacional las decisiones en materia electoral en primera instancia, previo a la Cámara.
El Gobierno firmó la pipa de la paz con la Justicia electoral tras los tironeos iniciales por el control del escrutinio provisorio que dejó a los magistrados con las manos vacías y delegó el conteo de los telegramas nuevamente en la española Indra. Con un 30% menos de planteos judiciales entre las fuerzas que competirán con respecto a las últimas presidenciales, las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) avanzan sin grandes objeciones a las nóminas de precandidatos presentados por cada alianza, para que sean validados durante la feria. La semana pasada, una reunión con los fiscales abocados al control de las elecciones de todo el país con la dirección Nacional Electoral (DINE) aventaron las fricciones por la decisión oficial de trasladar al Correo Argentino la decisión de la privatización del recuento preliminar, algo que los jueces de la Cámara Nacional Electoral (CNE) confiaban que les entregue el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Adrián Pérez.
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Las próximas dos semanas serán febriles para los jueces electorales de todo el país que remitirán a los jueces federales de cada distrito la decisión sobre la validación de las listas y papeletas que habrá en los cuartos oscuros el 13 de agosto. A nivel nacional está a punto de resolverse una puja entre Martín Lousteau que impugnó el nombre de la lista que encabeza Daniel Filmus (Unidad Ciudadana Porteña) por inducir a confusión con la del distrito bonaerense que es Unidad Ciudadana, encabezada por Cristina de Kirchner. El procedimiento redundará en la aprobación del anexo de cada tramo a la boleta nacional para cada jurisdicción.
Los jueces electorales superaron el mal trago que significó enterarse de la contratación privada a Indra encargada al Correo Argentino en, lugar del acuerdo tácito con la oficina de Pérez para que la CNE monitoreara el proceso con sus propios estándares. Los magistrados se habían adelantado a preparar convenios y acuerdos y a trazar líneas con otras empresas encargadas del provisorio. Desde el Ejecutivo, dicen haber detectado vacilaciones en esa responsabilidad por lo que barrieron con la idea inicial y trasladaron los actos administrativos lejos del despacho de Pérez.
Alejandro Tullio -repatriado a la DINE- fue quien les explicó a los fiscales electorales los pormenores de lo que el Gobierno espera del desarrollo de los comicios. Allí terminaron por desactivarse varios de los focos de conflicto en un escenario que cuenta con menos del 30% de las demandas que en las pasadas presidenciales, lo que ofrece un panorama de relativa tranquilidad judicial. Esto hace que durante la feria termine de validarse el remanente de precandidaturas pendiente y que los jueces locales definan la validez de las "testimoniales" que se evidencian en las candidaturas a concejales de distintos municipios.
Otro "issue" será el que comience cuando las elecciones terminen: el financiamiento de las campañas. Ese ha sido la piedra de toque de todas las fuerzas políticas en 2015, que tendrán recién una solución concreta el año próximo, por lo que no preocupa. El fiscal Jorge Di Lello le pidió a la jueza María Servini de Cubría que no se le giren aportes oficiales ni al PRO ni al Frente para la Victoria por no haber podido justificar origen ni destino de los fondos. Ese dilema recién se resolverá con un fallo de la CNE, en segunda instancia, posiblemente en 2018. Al finalizar las PASO y las generales del 22 de octubre, las alianzas presentarán sus balances y documentos de financiamiento. Desde la Justicia prevén que nuevamente el ítem de fondeo bajo la excusa del "desenvolvimiento institucional" servirá para que las fuerzas logren canalizar aportes vía cada distrito a la fórmula nacional, eludiendo la normativa de financiamiento electoral.
A su favor, Indra cuenta con un índice de certeza con respecto al escrutinio definitivo que no excede el 0.22% con respecto a las pasadas elecciones. Recibirá esa noche del escrutinio provisorio por una red encriptada los telegramas del correo para derivarlos a dos equipos en los que trabajarán 1.300 personas en simultáneo para la carga. Cada telegrama será cargado de manera doble de manera aleatoria, que luego serán "matcheados". Cualquier diferencia entre ambas cargas irá a un tercer equipo que verificará en qué línea hubo diferencias con respecto al original. Ese tercer grupo se denomina de "incidencia" y resolverá cualquier error en el proceso tomando en cuenta el escaneo de los telegramas confeccionados en las mesas. Todo eso ingresará al software de manera automática, actualizando los porcentajes. La DINE será la noche de la votación la que defina cómo se abre el grifo de esa información.
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