Pelea con la Justicia ya abrió tres frentes

La mala relación de Mauricio Macri con la Justicia se acrecienta por estos días, no sólo en los embates que le propinan las andanzas del espía Ciro James. Otro expediente, sobre el cual aún no ha desplegado su opinión, excepto su propia defensa en Tribunales, atrapa la atención de los abogados del jefe porteño, quien además -aun sin que signifique una cuestión propiamente de los códigos procesales- ya llegó hasta la Corte de la Ciudad por un conflicto con los jueces locales que suelen mortificarlo con sus fallos (hasta embargarle el sueldo).

Así, al menos ya son tres los frentes de tormenta que intenta repeler Macri en el universo judicial. Y ya en el macrismo se especula con que la oposición podría forzarlo a una licencia en el cargo, si finalmente la Cámara, donde apeló el procesamiento por las escuchas, confirmara el fallo del juez Norberto Oyarbide, aunque en ese sentido el PRO mantiene blindada la posibilidad de un juicio político para el cual el antimacrismo no llega con los votos necesarios.

Será el peor encono, el que mantiene con Oyarbide, pero el jefe porteño también transita por los otros embates que lo enfrentan a jueces. Se agrega a su procesamiento por el caso de escuchas ilegales (donde está imputado por participar presuntamente de una asociación ilícita junto a los detenidos James -ex empleado policial y del Gobierno porteño- y el ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge Palacios -entre otros-) la causa que sigue la investigación de presuntas irregularidades para beneficiar a una empresa determinada en la polémica licitación del mobiliario urbano de la Capital Federal (pantallas de publicidad, entre otros elementos), una concesión que ninguno de los gobiernos que lo antecedieron pudieron resolver. Se trata del fallo de la Cámara que anuló su sobreseimiento y con delicadeza inusual de magistrados pide que Macri se acerque a dar explicaciones al juzgado, una resolución que además castiga al juez actuante desplazándolo de la pesquisa.

En el mismo fallo corre riesgo de un procesamiento un diputado de Macri, Patricio Distéfano, sobre quien los jueces piden que se amplíe la declaración indagatoria, y más aún enredado en la concesión de las pancartas de explotación publicitaria está el ex ministro y actual director de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), Juan Pablo Piccardo. La causa tiene origen en la denuncia de uno de los oferentes que no obtuvo la concesión y está orientada a demostrar que la empresa ganadora, de los hermanos Terranova, fue favorecida irregularmente en el proceso de licitación que en su momento encaró la dependencia a cargo de Piccardo, el Ministerio de Espacio Público. Hasta podría intervenir la Comisión de Ética de la Legislatura, si resultara procesado el legislador del PRO.

Por ahora, Macri ha lanzado toda la artillería contra Oyarbide y llegará el martes próximo a fundamentar su recusación al magistrado con el refuerzo que considera le da el anuncio de ayer que hizo el PRO acerca de que solicitará el juicio político del juez.

Con menor tenor, queda pendiente la resolución de un conflicto de poderes que tiene a su cargo el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Allí el problema del jefe de Gobierno porteño es con un grupo de jueces del fuero Contencioso Administrativo y tributario de la Capital Federal, es decir, los que intervienen en las causas donde el Gobierno porteño es demandado. Las resoluciones de esos magistrados, en general contra la administración, han llevado al pleito a Macri con los jueces ya hace tiempo, llegando en este caso a intervenir la Corte para evaluar si existe por parte de los magistrados una intromisión en el Poder Ejecutivo.