Piden juicio político contra Aníbal Fernández

Los principales bloques de oposición en la Cámara de Diputados presentarán hoy los fundamentos de un pedido de juicio político al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, por «afectaciones al principio de independencia del Poder Judicial».

Se trata de un proyecto relacionado al conflicto por el gremio de aeronavegantes que fue firmado por los presidentes de los cuatro principales bloques de la Cámara baja, Oscar Aguad (UCR), Federico Pinedo (PRO), Elisa Carrió (Coalición Cívica) y Felipe Solá (Peronismo Federal) y que darán a conocer a las 14.00 en una conferencia de prensa en Rivadavia 1829.

La acusación contra el jefe de ministros de Cristina de Kirchner se basa en el supuesto incumplimiento de un fallo judicial que ordenaba entregar la conducción del sindicato a una lista opositora que se había consagrado en elecciones internas. Pero ésa no será la única causal que invocará la oposición, que tras las elecciones legislativas del 28 de junio pasó a dominar la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.

Presión

El PRO de Mauricio Macri también invocará la presión que ejerció el Gobierno nacional sobre la jueza María José Sarmiento al enviarle un patrullero policial a la puerta de su domicilio en medio del conflicto judicial por la remoción de Martín Redrado al frente del Banco Central de la República Argentina.

Y como si todas esas imputaciones fueran pocas, la Coalición Cívica aportará otro pedido de juicio político contra Fernández por su accionar en la investigación del triple crimen de General Rodríguez, en el que fueron asesinados Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina.

«Resulta imprescindible que la Justicia investigue el tipo de relación existente entre funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y los hechos acontecidos», sostiene un informe preliminar de la Coalición Cívica sobre las supuestas vinculaciones políticas del crimen y el financiamiento de la campaña de Cristina de Kirchner y Julio Cobos en 2007. Allí se agrega que «es necesario que la hipótesis de investigación llegue hasta las más altas esferas, como es el caso del ministro Aníbal Fernández».

Específicamente, la embestida opositora contra Aníbal Fernández es en ese caso por «avalar y encubrir por acción u omisión el crimen, por responsabilidades políticas y funcionales indubitables en la fiscalización de las acciones del RENAR» y por el «cercenamiento de las facultades de la Sedronar en materia de precursores químicos, previsto como causal de mal desempeño y delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, a lo que debe sumarse la comisión de delito por desobediencia judicial».