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Polémica por tasa a combustibles que cobran municipios
La tasa sobre los combustibles viene aplicándose desde 2012 en Córdoba y luego se efectivizó en distritos del conurbano norte de Buenos Aires.
Frente a los aumentos para los combustibles de entre el 6% y el 8%, la titular de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA), Rosario Sica, criticó la tasa que cobran los intendentes y denunció amenazas por parte de la gestión de Jorge Macri en Vicente López. "Nosotros le iniciamos un juicio. Nuestros asociados no estaban poniendo la tasa municipal porque es ilegal, pero los amenazan con quitarles la habilitación; eso es lo que está sucediendo", apuntó, y reconoció que analizan recurrir a la Justicia para frenar este gravamen que en 2014 aumentará un 5% de acuerdo con la habilitación otorgada por el Concejo Deliberante local.
Sica también criticó al intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, al revelar el caso de "un colega que tiene tres estaciones de servicio y ya pagó un millón de pesos que va al bolsillo del intendente, porque no es para ningún servicio que prestan, es para la campaña; gastan la plata nuestra".
"Ningún municipio puede poner impuestos encubiertos con el nombre de tasa. La tasa es un servicio que presta la municipalidad, como sería alumbrado, barrido y limpieza. Los intendentes no están autorizados por ley a poner un precio en los combustibles", afirmó Sica.
La Comisión Federal de Impuestos consignó la ilegalidad del cobro hace varios meses. Incluso, el año pasado, ante la intención de Daniel Scioli y Mauricio Macri de aplicar una tasa a los combustibles en la Ciudad de Buenos Aires -una idea que también analizaron otros jefes comunales-, el Gobierno nacional anticipó que presentaría un recurso judicial ante un caso de doble imposición, entendiendo que ya existe un impuesto nacional (impuesto a los combustibles) que se coparticipa. La semana pasada, el propio Scioli hizo referencia a esta polémica tasa, al requerirles a los intendentes que revean ciertas subas de impuestos, cuando suspendió la contribución adicional del 18% para Seguridad en el Inmobiliario.


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