Polémico juez embargó por $ 30 M a la Capital

Pino Solanas

El Gobierno porteño se embarcó ayer en otro enfrentamiento con el juez Roberto Gallardo, quien decidió ahora el embargo de $ 30 millones sobre el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) ante un reclamo de vecinos de una villa de emergencia.

A través de la Procuración, que conduce Pablo Tonelli, no sólo la administración de Mauricio Macri apelará la medida sino que volvió a pedir, el martes pasado, la recusación del magistrado. En otra oportunidad, Gallardo fue recusado y denunció el presunto vaciamiento de su despacho, ya que la medida le afectaba todos los expedientes en los que estuviera involucrado el Gobierno porteño, y de eso se trata el fuero Contencioso Administrativo y Tributario que integra.

La pelea con el magistrado que viene sosteniendo Macri ha sido en oportunidades avalada por la fiscal Daniela Ugolini, actualmente propuesta para integrar el Superior Tribunal de Justicia, es decir, la Corte porteña.

Un abogado, Alejandro Franco, presentó un recurso de amparo contra el Ejecutivo porteño y el IVC, en representación de los vecinos de la villa 26, lindera con el Riachuelo, por supuestamente tener suspendidas y paralizadas obras de construcción de viviendas para 250 familias del asentamiento.

Gallardo hizo lugar al recurso y trabó un embargo sobre los fondos del IVC por $ 30 millones para que se realicen las casas.

La Procuración sostuvo que el juez prejuzgó y que tendría enemistad con el Gobierno. Además, tuvo en cuenta un fallo similar en el que embargó $ 14 millones que luego le fue revocado. «La recusación es una burda maniobra dilatoria para ocultar la ausencia de toda política habitacional», declamó un grupo de legisladores que integran Eduardo Epsztein (ibarrismo), Martín Hourest (Pino Solanas), Facundo Di Filippo y Sergio Abrevaya (Coalición Cívica).

En ese sentido, los diputados presentaron un proyecto de declaración para que sea debatido en el recinto legislativo donde manifiestan que «el Gobierno de Macri ignora el mandato constitucional de que toda persona tiene derecho a una vivienda digna».