Por concurso lento, juez suplente ahora pretende ser fiscal

Esteban Righi

El juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi, quien espera su titularidad en alguno de los dos juzgados federales que subroga desde hace cinco años, decidió presentarse al concurso por la titularidad de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), la pirotécnica oficina de la Procuración General de la Nación que Manuel Garrido dejó de un portazo -pelea con el fiscal general Esteban Righi- hace dos años.

La reconversión de juez a fiscal de Martínez Di Giorgi supera lo personal y apunta a una cuestión de base preocupante: el concurso 140 del Consejo de la Magistratura, que se propone definir los cargos de cuatro de los juzgados federales que resuelven las causas políticas más resonantes del país, no tiene solución ni a corto ni a mediado plazo.

El famoso concurso 140 comenzó a finales de 2005, cuando eran sólo tres cargos los que había que completar, entre ellos, el de Juan José Galeano, destituido por las presuntas irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA. Tres años después, y sin resoluciones sobre el primero, se llamó a un nuevo concurso (el 208) para suplir una cuarta plaza, que finalmente se unió con el primero.

Mientras tanto, otros magistrados y funcionarios federales comenzaron a subrogar los juzgados vacantes: Martínez Di Giorgi pasó a tener a cargo el 2 y el 8, Norberto Oyarbide el 7 y Sergio Torres el 9. El escándalo estalló cuando en el segundo concurso convocado para suplir todas estas vacantes se denunció que dos postulantes habrían cometido irregularidades.

Las denuncias apuntaron a Luis Rodríguez, quien habría solicitado previamente un fallo similar al que se tomó en el examen escrito, y a Carlos Ferrari, quien generó sospechas al citar textualmente más de 40 fallos de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en su evaluación. Estas supuestas irregularidades desencadenaron una investigación judicial y un amparo, pero en ambos casos se concluyó que no se podía probar un delito ni la afectación de un derecho constitucional. Si bien el Consejo de la Magistratura avanzó en la selección de un orden de mérito provisorio (que tiene a Martínez Di Giorgi en el primer puesto), las denuncias plantearon un panorama casi imposible de resolver para sus integrantes. Si se avanza con el concurso -que tiene al denunciado Ferrari en segundo lugar-, éste va a ser vapuleado por los escándalos previos. Pero tampoco se puede declarar nulo (decisión que no tiene precedentes en la Argentina ni está regulado por la ley del Consejo) porque la Justicia concluyó que no se habían podido comprobar las irregularidades denunciadas.

Así, tanto en los pasillos del Consejo como de Comodoro Py se asegura que el famoso concurso 140 está trabado y que nadie avista una solución rápida. La situación sólo agrava un fuero que está atravesado por presiones políticas y económicas.

Frente a este panorama, Martínez Di Giorgi -quien tiene a cargo, entre otras causas, la pesquisa por posibles irregularidades en las obras de la organización Madres de Plaza de Mayo- optó presentarse al concurso por la titularidad de la FIA, que ya lleva su segunda edición. La primera, según comentan en los pasillos de Tribunales, tuvo que darse de baja porque los puntajes del examen escrito eran tan malos que ni siquiera se pudo conformar una terna.

El segundo llamado a concurso, que convocará antes de fin de año al examen escrito, tuvo mucha más popularidad. Además de Martínez Di Giorgi, se presentaron otros personajes de peso del mundo judicial, como el procurador general de la Ciudad, Carlos Garavano, el abogado del expresidente Carlos Menem en el caso armas, Maximiliano Rusconi, el reemplazante de Garrido en el cargo, Guillermo Noailles, y los fiscales de la Procuración, Sabrina Namer y Enrique Bayá Simpson. A pesar de la salida del antiguo titular de la FIA y de las tensiones políticas que implica el cargo, es de esperar que al menos éste se resuelva en menos de cinco años.