Preocupan designaciones en Santa Fe

Santa Fe - Apenas asumidos los nuevos diputados en la provincia, algunos integrantes de organismos de derechos humanos comenzaron a reflotar un tema que cobró dimensión tiempo atrás, cuando la diputada Alicia Gutiérrez, del Frente Progresista, solicitó que se aclarara debidamente sobre cómo un exrepresor durante la dictadura militar, en este caso Juan Andrés Cabrera, ingresó como agente del Estado provincial durante el Gobierno peronista y ocupó funciones nada menos que en la Defensoría del Pueblo.

Fue un exrepresor arrepentido, Eduardo «Tucumano» Constanzo, hoy con prisión domiciliaria y a disposición del Tribunal Federal Número Uno, a cargo del juez Otmar Paulucci, quien dijo a varios medios santafesinos que a Cabrera lo había designado Norberto Nicotra, titular de la Defensoría del Pueblo en la década del 90 y actual diputado provincial por el PRO.

La actual secretaria de Derechos Humanos de la provincia, María Bressa, también confirmó que Cabrera había pasado por la Defensoría del Pueblo designado por el actual legislador macrista. En un reportaje, Bressa dijo: «Conocí a un Andrés Cabrera, pero nunca vi su legajo. No olvidemos que esa persona ingresó a la Defensoría en la misma época que yo, cuando se creó la Defensoría. Yo ingresé como una abogada más con un staff administrativo que el primer defensor formó según su criterio». Este defensor, según la funcionaria binnerista, fue Norberto Nicotra.

En escena

Cabe recordar que Bressa, designada secretaria de Derechos Humanos del Gobierno de Hermes Binner por el hasta hace unos días ministro de Justicia de esa administración, Héctor Superti, participó del staff de la Defensoría del Pueblo allá por los 90, cuando también el propio Superti asesoraba legalmente a la Defensoría comandada por Nicotra.

En sus declaraciones al periodismo rosarino, el exrepresor «Tucu» Constanzo dijo en su momento que Nicotra había designado, además, como su asesor a un alto jefe del destacamento de Inteligencia 121 del Ejército en Rosario, implicado, según el exrepresor, en los sonados secuestros de los militantes peronistas Cambiaso y Pereyra Rossi.

Entre jueces federales que, según el arrepentido, no investigan debidamente sobre los datos que él ha aportado, y versiones, acaso sin sustento, que dan cuenta de que había «buchones» que cobraban durante la dictadura y hoy son funcionarios, reaparece en la escena santafesina un asunto que desvela a unos y preocupa a otros.