Presentó Mujica un polémico impuesto a grandes campos

Montevideo - Tras un prolongado debate interno, el Gobierno uruguayo anunció ayer el envío al Parlamento de una ley para crear un impuesto a propietarios de más de 2.000 hectáreas de campo, que ha despertado el malestar de los propietarios rurales.

«Todos los ministros firmaron el proyecto en la mañana de hoy (por ayer) y va a ser enviado en la tarde» al Parlamento, informó en conferencia de prensa el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia.

El llamado Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) prevé un gravamen anual de 67 unidades indexadas por hectárea (unos u$s 8) para las extensiones de tierra de entre 2.000 y 5.000 hectáreas; de 100 unidades indexadas (u$s 12) la hectárea para aquellas extensiones de entre 5.000 y 10.000 hectáreas, y de 135 unidades indexadas (u$s 16) la hectárea para las propiedades superiores a las 10.000.

En todos los casos, se gravará aquellas tierras con un índice Coneat (utilizado para medir la calidad del suelo) superior a 100, explicó el economista Gabriel Frugoni, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Es decir que 3.000 hectáreas con índice 60 no pagarían, pero 1.500 hectáreas con índice Coneat 200 sí lo harían.

Según los cálculos del Gobierno, el nuevo impuesto afectará a menos de 1.500 de los más de 50.000 productores que tiene Uruguay, que poseen un tercio de los 17 millones de hectáreas cultivables o productivas del país.

Para el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, «Uruguay tiene un índice de concentración de la tierra importante, incluso mayor que el resto de la región».

El Gobierno estima que el impuesto permitirá recaudar unos 60 millones de dólares anuales que serían destinados a obras de acceso o de caminería rural en los departamentos del interior del país, indicó Frugoni.

El funcionario añadió que una segunda parte del proyecto modifica los tributos a la compraventa de inmuebles rurales y estimó que con este cambio se recaudarán unos 20 millones de dólares adicionales que se destinarán a financiar proyectos del Instituto Nacional de Colonización.

El proyecto impositivo había sido anunciado en mayo por el presidente José Mujica, desatando una polémica luego de que el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, y el de Economía, Fernando Lorenzo, indicaron que el mandatario nunca los había consultado sobre el tema.

El secretario Breccia dijo ayer que el Gobierno confía en que los legisladores del oficialista Frente Amplio (FA) -que tiene una ajustada mayoría en ambas cámaras- aprueben el proyecto.

Para el presidente de la Federación Rural, Miguel Sanguinetti, se trata de «la peor errada del Gobierno de Mujica hasta ahora».

«El campo necesita impuestos a la producción, a las ganancias, no a la tierra», dijo. «No nos podemos quedar con impuestos fijos».

Para Sanguinetti, el gravamen puede tener el efecto contrario al deseado, ya que -opinó- los productores muy grandes o los extranjeros son los que podrían soportar mejor un aumento de la carga impositiva.

«Para nosotros esto va a afectar a los 50.000 productores del país porque el valor tierra en un principio se va a perder y tras toda la inversión que ha venido haciendo al agro en los últimos años, ahora el que quiera venir va a analizarlo mucho. Hasta ahora, todos los protocolos de inversión se habían respetado; esto es un quiebre», añadió.

Agencias AFP, ANSA y Reuters