Preventiva para diez saqueadores (ninguno policía)

Los violentos saqueos en Córdoba desataron una escalada de hechos delictivos en casi todo el país, que dejaron un saldo de al menos doce muertos.

Córdoba - El fiscal cordobés Raúl Garzón, a cargo de la investigación de los saqueos del 3 y 4 de diciembre pasados, dispuso la prisión preventiva de diez de los 80 imputados -ninguno policía-, mientras continúan los allanamientos y la recuperación de electrodomésticos robados durante esos días.

"Los saqueos no van a quedar impunes", dijo el fiscal del tercer distrito de la ciudad de Córdoba, en declaraciones que hoy reproduce el sitio Infojus Noticias, según el cual más de la mitad de los identificados ya se encuentran detenidos.

Aunque dentro de los imputados no se encuentre ningún efectivo policial, la fiscalía adelantó que la causa se orienta en conocer los vínculos familiares y profesionales de las personas detenidas con efectivos de la fuerza de seguridad.

El fiscal avanza con el relevamiento de material fílmico y el análisis de información volcada en las redes sociales durante las 48 horas caóticas de la capital mediterránea cuando, en medio de la huelga policial, se volcaron en las redes imágenes, consignas de incitación al delito y confesiones. La investigación tuvo un comienzo contundente con la detención inmediata de cerca de 200 personas, muchos de las cuales obtuvieron luego la excarcelación mientras prosiguen encausados por los delitos de "robos calamitosos", "encubrimiento agravado", "agresiones" y "daños calificados".

Los saqueos, según la fiscalía, se centraron en productos "de segunda y tercera necesidad" y en ningún caso se detectaron artículos alimentarios u otros de primera necesidad por lo que "las penas podrían ser superiores a los tres años de prisión, y por ende de cumplimiento efectivo".

La crisis provocada por el conflicto policial en esta provincia desató una escalada nacional de reclamos en idéntico sentido, que tuvo las expresiones más violentas en Chaco, Tucumán y Entre Ríos como consecuencia de una ola de saqueos que dejó un saldo de al menos doce muertos.

Los enfrentamientos fueron sofocados por la presencia de efectivos de Gendarmería que llegaron a los diferentes distritos para compensar la falta de policías en las calles.

Finalmente, después de casi una semana de motines, las fuerzas de seguridad locales recibieron aumentos del orden del 30% y retomaron el control de las principales ciudades.

Esas negociaciones con las administraciones provinciales amenazan con convertirse ahora en un verdadero dolor de cabeza para los gobernadores, que deberán hacer malabares para cubrir las subas otorgadas, además de contener el reclamo de los gremios docentes y estatales que pretenden obtener en las paritarias que arrancan este mes incrementos idénticos a los concedidos a las policías.