Como era previsible, la procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó consideró "ilegal" la detención de la dirigente jujeña Milagro Sala y dispuso que debería ser inmediatamente liberada, en dos dictámenes elevados ayer a la Corte Suprema de Justicia, que deberá definir sobre un caso que le ha traído dolores de cabeza al Gobierno en el frente internacional. Por un lado más técnico, la jefa de los fiscales aseguró que su detención "lesiona la inmunidad de arresto" prevista por ley para los parlamentarios del Mercosur. En otro dictamen, la procuradora indicó que el Superior Tribunal de Jujuy se equivocó al no justificar por qué debería dictársele una prisión preventiva sin analizar si podría interferir con las investigaciones en curso en su contra.
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La Corte deberá ahora administrar la decisión final sobre el tema que le ha costado al Poder Ejecutivo reproches desde la ONU, la OEA y Amnistía Internacional que condenaron su detención. El dilema del Tribunal -que podrá tomar en cuenta o no lo dicho por Gils Carbó- será cuándo dar a conocer su sentencia: si antes o después de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país.
Contundente en el pedido de liberación, el escrito de Gils Carbó apunta no sólo a la "arbitrariedad" de los motivos que llevaron a su detención el 26 de enero de 2016, sino a validar la ley que equiparó la imposibilidad de arrestar a los representantes electos del Parlasur con la misma inmunidad de la que gozan los legisladores locales. Pese a que esta prerrogativa había sido discutida, incluso por la Cámara Electoral, la jefa de los fiscales consideró que lo ordenado por el Congreso -pese a no estar contemplado en el texto de la Constitución Nacional- es similar a otras inmunidades de arresto también dispuestas por ley para otro tipo de cargos, que tampoco estaban regladas por la carta magna. "La inmunidad de arresto en el país de origen busca asegurar el cumplimiento de la decisión adoptada por el Consejo del Mercado Común de constituir el Parlamento del Mercosur", explicó, y en ese sentido recordó que los miembros del Parlamento Europeo y del Parlamento Andino tienen las mismas inmunidades.
Ambos dictámenes fueron emitidos en el marco de sendos recursos extraordinarios interpuestos por la defensa de Sala ante rechazos del Tribunal Superior de Jujuy. La Corte, cuando le pidió opinión a la procuradora, no circunscribió la solicitud a que se expida sobre la competencia de la Corte para atender el caso, sino que dejó abierta la posibilidad de un pronunciamiento integral.
Para Gils Carbó, la Corte jujeña no argumentó los motivos por los que entendía que Sala debía seguir presa y se apoyó en testimonios de uno de los expedientes que denunciaron intimidaciones por parte de la dirigente y sus seguidores. Pero a su vez, habría omitido analizar la contra denuncia de la defensa que sugería que esos testigos habían sido forzados a declarar en contra de Sala. Y tampoco que esa actitud supuestamente intimidatoria del pasado, tuviera un correlato presente que pudiera entorpecer la investigación, como único agravante para mantenerla presa.
La última palabra será de la Corte que dejó claro en uno de sus últimos fallos que las sentencias que emite no podrán ser revocadas por ningún tribunal internacional.
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