Procesado cree imposible detectar troqueles truchos

Hugo Moyano

«Es imposible darse cuenta». Con esa frase, el ex titular de la Administración de Programas Especiales (APE) Hugo Sola intentó desligarse de la causa por la que fue procesado el martes, que investiga el juez federal Claudio Bonadío, por supuestos manejos irregulares de la obra social de los camioneros. En diálogo con este diario, Sola argumentó que el organismo para el cual todavía reporta carece de elementos para establecer la autenticidad de los troqueles presentados por las obras sociales para el cobro de reintegros por parte de la APE. Bonadío investiga un presunto fraude a la administración pública de la Obra Social de Choferes de Camiones (Oschoca), que preside Hugo Moyano.

El magistrado procesó a Sola, al dueño de Droguería Urbana, Marcos Hendler, y al auditor médico de la Oschoca Daniel Lombardero, y les trabó embargo sobre sus bienes por 200 mil pesos a cada uno.

Los tres imputados conducen a Moyano: Sola es un hombre muy ligado a la Federación de Camioneros que integró la APE hasta llegar a conducirla de hecho, el año pasado, luego de la renuncia de Juan Rinaldi, ex abogado del mismo gremio. Hendler -que la semana pasada también había sido procesado por otro juez federal, Norberto Oyarbide, en la causa por la denominada «mafia de los medicamentos»- es dueño de Urbana, la principal proveedora de remedios de alto costo de la Oschoca. Y Lombardero es el primer directivo de la obra social en exponer ante un magistrado por la investigación, y también en quedar procesado.

«No entiendo la medida. Aparentemente, el juez tiene troqueles que según el Iname (Instituto de Medicamentos) no eran verídicos. Para nosotros es imposible darse cuenta; en la APE no tenemos el indubitable de museo (una herramienta que permite chequear si un cartón corresponde a un remedio legal) y tampoco hay personal especializado», explicó Sola, que en la actualidad reporta al gerente de Prestaciones del organismo, Donato Spaccavento.

Los troqueles cuestionados por Bonadío datan de 2009, cuando Sola se encontraba al frente de la APE en forma interina. Son cartones del medicamento oncológico Erbitux, recetado para el cáncer de colon, secuestrados en allanamientos judiciales hechos en la Oschoca, la APE y Urbana. Los troqueles constituyen el documento central que una obra social debe incorporar a un legajo para cobrar en la APE el reintegro por los tratamientos más costosos. El organismo cuenta con un presupuesto anual de 1.000 millones de pesos.

Tanto la causa que instruye Bonadío como la de Oyarbide giraron en torno a la obra social de Camioneros a partir de una conversación telefónica, cuya desgrabación fue incorporada al expediente, en la que Hendler le pide a Alexia Bergalli, directiva de una droguería competidora, Del Plata, 19 troqueles de Erbitux que, según su relato, se habían «perdido» en la entidad de salud del gremio de Moyano.

Además de Sola, Hendler y Lombardero, el juez Bonadío había citado a indagatoria a otra auditora médica de la Oschoca. Y en Tribunales consideraban inminente una convocatoria similar para Liliana Zulet, la mujer de Moyano, pieza clave de la empresa Iarai, que gerencia una parte de la actividad de la obra social.

El expediente de Bonadío arrancó en 2006 con la denuncia de un sindicalista platense, Juan Pablo «Pata» Medina, opositor a Moyano y que basó su demanda en recortes de diarios. En el último tiempo, y casi en paralelo con Oyarbide, la causa avanzó a gran velocidad, y los dos magistrados realizaron allanamientos en la obra social, la APE y la droguería de Hendler.