Puja por dragado hace peligrar pacto fiscal con Uruguay

José Mujica

El Gobierno uruguayo reclamó ayer a la Argentina por el caso «transparencia» en el trámite de dragado del canal Martín García y pidió que no frene la obra. El canciller Luis Almagro respondió una carta de su par Héctor Timerman, quien había pedido el lunes realizar una auditoría conjunta sobre el proceso de licitación del dragado del canal, luego de que se conocieran en el Uruguay denuncias sobre presuntas irregularidades. Almagro contestó con otro pedido de agilizar la obra y dijo que para «asegurar la mayor garantía y transparencia» el Gobierno argentino debe «instrumentar a la brevedad un concurso de precios para el mantenimiento del canal Martín García, habida cuenta de la imposibilidad de cumplir ahora con el cronograma previsto para el pliego de obras del llamado a licitación pública internacional para la profundización».

Por este caso, el canciller Almagro se reunió con líderes de la oposición, quienes reclamaron que el Gobierno de José Mujica dé marcha atrás con el acuerdo de intercambio de información tributaria que firmó días atrás con la Argentina, si se traban las obras del dragado.

Clave

Para Uruguay, el dragado del canal es clave para incrementar la actividad del puerto de Montevideo -hay barcos de gran porte que no pueden acceder- y desde hace tiempo se queja de trabas por parte de la Argentina para concretarla. Las denuncias conocidas en el Uruguay se refieren a la actuación de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) -un ente binacional- y la empresa que mantiene ese canal, Riovía SA.

En ese marco, el canciller Almagro recibió a los líderes opositores Jorge Larrañaga, Luis Alberto Heber, Pedro Bordaberry, Marta Montaner, Jorge Brovetto y Pablo Mieres, a quienes informó sobre la situación del dragado del canal Martín García, que sigue frenado. En la carta del jefe de la diplomacia uruguaya a Timerman se informa al Gobierno nacional que desde el 1 de marzo se encargó al Tribunal de Cuentas una auditoría «permanente» de la actuación uruguaya en el proceso licitatorio. De todas formas, ante el pedido de una auditoría conjunta, Almagro afirmó que su país «designará para llevar adelante la investigación sugerida al Tribunal de Cuentas».

«Para lo cual debemos instruir a la Sindicatura General de la Nación y al Tribunal de Cuentas sobre los asuntos a auditar y los procedimientos a seguirse», resaltó el canciller y sugirió que «el plazo máximo para expedirse por parte de cada organismo no deberá exceder los 60 días».

Difusión

Almagro le pidió también a Timerman «hacer públicas» las actas de las reuniones de la CARP, desde que asumió la nueva delegación uruguaya. En la carta el diplomático confesó estar preocupado porque la decisión argentina puede afectar «seriamente» los «intereses esenciales» de Uruguay, así como el cumplimiento del cronograma establecido para licitar la profundización del canal de 32 a 34 pies de profundidad.

La denuncia se publicó en la revista Caras y Caretas, que relató que durante una cena en el Jockey Club de Buenos Aires, un expresidente de la CARP y exvicecanciller de la Argentina le habría ofrecido al presidente de la delegación uruguaya en la CARP y exembajador en la Argentina un millón de dólares si «jugaba» a favor de Riovía. El delegado uruguayo se habría retirado de esa cena e informaría del hecho a Almagro.