Qué juez investiga qué (y a quién)

El avance de la investigación del juez Norberto Oyarbide sobre la llamada mafia de los medicamentos, así como las declaraciones del magistrado respecto de las posibles implicancias en las que podría derivar la pesquisa, reactivaron una serie de causas en las que se entremezclarían denuncias sobre los fondos de la campaña electoral de Cristina de Kirchner, supuestos negocios ilícitos entre droguerías, obras sociales sindicales y la Superintendencia de Servicios de Salud, y hasta el tráfico de efedrina y el triple crimen de General Rodríguez. Las supuestas conexiones entre todos estos casos obligan a repasar cada uno de ellos, que en las últimas semanas comenzaron a moverse de la mano de la pesquisa de Oyarbide.

Norberto Oyarbide

Mafia de los medicamentos: el juez Norberto Oyarbide y el fiscal Luis Comparatore investigan la presunta adulteración y venta ilegal de remedios contra el cáncer y el HIV. El principal implicado es el propietario de las droguerías San Javier y Multipharma, Néstor Lorenzo, arrestado hace 20 días. Si bien la pesquisa se centra en la obra social de la Asociación Bancaria, el fiscal ya solicitó que se ampliara hacia otras 50 obras sociales sindicales que habrían comprado medicamentos a Lorenzo. Oyarbide ya anunció que en una semana aproximadamente comenzarán las citaciones a declaración indagatoria. Además del empresario farmacéutico, entre los principales posibles imputados se encuentran el secretario de la Bancaria, Juan José Zanola, su mujer y gerente de Atención a Beneficiarios del Policlínico Bancario, Paula Aballay, el ahora ex subsecretario de Salud bonaerense, Alberto Costa, la vicedirectora del policlínico, Susana Fiona, el director médico de este centro de salud, Jorge Fainstein, y el ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli. El caso, además, tendría conexiones con el financiamiento de la campaña presidencial de Cristina de Kirchner y el triple crimen de General Rodríguez, como sugirió Oyarbide.

Supuestas irregularidades en la distribución de fondos de la Administración de Programas Especiales a la obra social de los camioneros: la pesquisa del juez Claudio Bonadío se basa en una denuncia del sindicalista opositor de la UOCRA, Juan Pablo Medina, contra Hugo Moyano por el supuesto desvío de partidas de la APE destinadas a tratamientos de enfermedades complejas (como cáncer, HIV y hemofilia). El magistrado citó a todos los responsables de la Superintendencia de Servicios de Salud -incluido Capaccioli- y de la APE entre 2003 y 2009 para que explicasen los criterios en el suministro de estas partidas, así como los montos destinados a la obra social del sindicato de Moyano durante esos años. También pidió informes de auditoría al Ministerio de Salud y al sindicato, que deben ser respondidos esta semana.

Financiamiento de la campaña electoral de Cristina de Kirchner: la jueza electoral María Servini de Cubría y el fiscal Jorge Di Lello investigan las supuestas irregularidades en los fondos de campaña de la fórmula Kirchner-Cobos, cuyo recaudador fue Capaccioli. Entre esos aportes se encuentran cheques de Sebastián Forza (asesinado en el triple crimen de General Rodríguez) por $ 200 mil, Carlos Torres (socio de Néstor Lorenzo) por $ 710 mil, Gabriel Brito por $ 310 mil, todos vinculados a empresas farmacéuticas. La magistrada reactivó el caso al solicitar a Oyarbide las escuchas telefónicas entre Lorenzo y Capaccioli, que según señaló el juez, eran «muy complicadas». Paralelamente, la jueza tomó declaración al titular de Global Pharmacy, Gabriel Brito, por una causa que indaga sobre una serie de mails que el empresario habría enviado a varios funcionarios de Gobierno en referencia a los fondos de campaña. Servini elevó este expediente a la Cámara Federal para que determine qué aspectos son de competencia electoral y cuáles de carácter penal, para los que además se deberá asignar un juez.

Supuesto tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública contra Héctor Capaccioli: la denuncia fue presentada por la Coalición Cívica y se tramita en el juzgado de Ariel Lijo. La causa se encuentra en etapa probatoria y, hasta el momento, según aseguran en el juzgado, no se han encontrado elementos que vinculen los aportes de la campaña presidencial de 2007 con contrataciones supuestamente irregulares por parte del Estado. Comparatore también es el fiscal a cargo de este caso.

Triple crimen de General Rodríguez: el fiscal de Mercedes, Juan Bidone, se encuentra a cargo de la pesquisa por el asesinato de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, ocurrido en agosto de 2008. El caso estaría relacionado con el tráfico de efedrina y con la mafia de los medicamentos, ya que Forza era propietario de la droguería Baires Med. Luego del arresto ordenado por Oyarbide, Lorenzo fue nuevamente citado a declarar por el triple crimen, ya que él había tenido negocios con Forza y hasta lo había denunciado por la presunta venta de medicamentos adulterados. El asesinato también está vinculado con la causa que investiga la ruta de la efedrina, a cargo del juez de Zárate-Campana Federico Faggionato Márquez, quien encontró puntos de contacto con el triple crimen, si bien el caso todavía no se unificó.