Reconoce el Gobierno que Kirchner compró dólares

Néstor Kirchner, Hugo Moyano

El Gobierno le dio ayer otra bandera a la oposición al reconocer que Néstor Kirchner compró dólares en el mercado formal de cambios durante 2008, un año de turbulencias financieras que hizo que muchos argentinos optaran por refugiarse en el dólar. Claro que casi todos ellos no eran el esposo de la presidente de la Nación y jefe del partido de Gobierno, pese a que nadie ha dicho que se trata de una operación ilegal. Si lo fuera, uno de los responsables de controlarla habría sido Martín Redrado.

Las declaraciones de ayer de Amado Boudou y de Aníbal Fernández no ayudaron en nada a Kirchner, pero, sin duda, y ante lo inevitable, dijeron lo que les pidieron que dijeran. Como sea, fueron contundentes en el reconocimiento del tema.

«La compra no fue una compra en negro, fue una compra legal hecha dentro del marco de lo que la ley indica», dijo el jefe de Gabinete. Sólo se limitó a justificar el entorno financiero del momento: «La cotización no ha variado nunca, no hay ningún cambio que pueda indicar que haya sido beneficiado en nada». Lo dijo para intentar explicar que no hubo aquí un caso de «inside information»: «Esto es una estupidez, porque esto ya fue analizado, está dentro del marco de la propia declaración jurada que ya se revisó».

Fue un discurso similar al de Boudou. «Lo que habría que buscar son aquellos que no declaran sus bienes e ingresos», dijo el ministro de Economía. «Las operaciones que se hacen en el mercado formal son legales y esto está hecho en esos términos; allí no hay nada que decir».

Es obvio que el escándalo ya no podía evitarse porque, tal como lo comenzó a explicar Boudou, una operación de ese monto podría no haber sido evidente para el público en general e incluso para los bancos quedando así en la reserva privada, pero no lo fue.

Las compras de dólares mayoristas las realizan los bancos a través del Mercado Abierto Electrónico. En las pantallas de su sala de operaciones aparecen los bancos y las entidades financieras ofreciendo o demandando billetes, entre ellos, el propio Banco Central en las operaciones diarias que realiza. Pero esos registros no especifican la persona que está adquiriendo, sino la entidad que da la orden para la operación. Por lo tanto, sólo en el BCRA queda registrado, en caso de una operación en blanco, el nombre del verdadero comprador a los efectos de no violar el actual régimen cambiario que pone un tope de adquisiciones en, precisamente, u$s 2 millones.

Con el reconocimiento oficial de la compra se abre para la oposición una nueva pelea judicial (ayer, Elisa Carrió, obviamente, confirmaba que iniciaría una investigación), pero también un amplio debate sobre cómo se mueven los Kirchner en la enorme franja que existe entre los límites que impone la ley sobre lo punible y no punible y los que impone la ética (pública o privada). En otros términos: la ley no fija lo que es bueno o malo, lo que es feo o elogiable en la conducta de los gobernantes, tomando este caso. Es la ética, cuya violación puede no estar condenada por el derecho penal, la que marca esos andariveles.

Entre estos dos territorios caminó Néstor Kirchner al direccionar sus inversiones mientras su esposa pedía producción y trabajo. Curiosamente, el mercado (al que el matrimonio raramente ataca) hubiera apoyado por entonces la decisión del ex presidente. Lamentablemente, el Gobierno no decía lo mismo. Es un territorio donde también aparece la duda sobre el límite entre lo público y lo privado; perturba pensar que el matrimonio no lo tenga claro. Las denuncias indican que otros protagonistas del Gobierno, como Hugo Moyano, empresarios y algún funcionario, también realizaron operaciones por la misma senda.

Ayer, Boudou justificó la compra de los dólares por parte de Kirchner como una operación legal; posiblemente lo sea. Como también lo debe haber sido la compra de terrenos en El Calafate a valor fiscal que luego los Kirchner vendieron a precio de mercado. Otro error de la oposición: se cuestionó la declaración jurada de los integrantes del matrimonio por contener un impresionante incremento patrimonial para 2008 cuando, en realidad, ésta se encontraba ampliamente justificada por la excelente operación que realizaron con esas tierras: ingresaron a valor fiscal y salieron al de un mercado atraído por esa Punta del Este de la Patagonia que es El Calafate.

Ahora bien: nada indica que haber accedido a esas tierras y a ese precio cuando casi ningún argentino pueda hacerlo no sea un abuso de poder al que se prestó elegantemente el intendente del «lugar en el mundo» de la Presidente. Ahí se debió poner la lupa en ese caso.

Ayer, el radicalismo arremetió contra el tema: «Es un acto de grave inmoralidad. Es para preguntarnos cómo se maneja la información reservada del Estado para la utilización privada. Que lo haga un ex presidente, que también es esposo de la actual Presidenta, representa un acto de degradación moral enorme», dijo Ricardo Gil Lavedra.

Y tras una reunión del bloque de la Coalición Cívica, Carrió confirmó que apoyarán la denuncia penal que presentó el miércoles pasado el diputado Juan Carlos Morán por enriquecimiento ilícito, uso de información y datos reservados.

«La Presidente es la que directamente coordina junto con el Banco Central la flotación del dólar. Si el dólar aumentó 20 centavos, ése incremento representó 400.000 mil pesos de ganancias para su marido. Y si comparamos de los 3,20 pesos a los 3,90 que está hoy, los 70 centavos de diferencia hacen un total de 1.400.000 pesos de ganancia por ese negocio que hizo a partir de tener información privilegiada», terminó.