14 de agosto 2014 - 00:00

Recrudece la puja por sillas en la Casación

La elección de los evaluadores del concurso que busca cubrir vacantes en la Casación Penal federal se ha transformado en la puja más álgida entre oficialismo y oposición en el Consejo de la Magistratura.

Una cuestión que hoy podría sumar otro episodio en las reuniones de comisión en el cuerpo colegiado. Hoy se conocerán los inscriptos al concurso.

La objeción de los opositores respecto del concurso 281, tal como quedó reflejada en una presentación judicial del abogado Alejandro Fargosi, es para con el actual camarista de la Casación, Alejandro Slokar, y el abogado Julio Virgolini.

La inquietud con Slokar se centra en su pertenencia al colectivo Justicia Legítima (aunque suele ser jurado en distintos concursos) y en el caso de Virgolini se lo señala porque Julio De Vido figura entre sus clientes.

Ayer en la vocalía de Oscar Aguad recordaron que Virgolini también representa al senador macrista Diego Santilli, algo conveniente si se consideran las cercanías partidarias del legislador cordobés.

La pelea política esconde enfrentamientos más complejos que se dan en el interior del Poder Judicial. La Cámara de Casación se encuentra abarrotada de expedientes de los fueros ordinarios y federales, y sin embargo un sector del Poder Judicial, el que comulga con los conceptos más clásicos y conservadores, prefiere que no se cubran las vacantes existentes ni con un concurso ni con la convocatoria de jueces de la casación ordinaria.

La llegada de nuevos jueces al máximo tribunal penal conspiraría no sólo contra la voracidad que despiertan las subrogancias actuales (y que alienta múltiples negociaciones internas), sino que restaría capacidad a ciertas influencias .

Estos entendimientos no son ajenos en la Magistratura, ni en la actual composición ni en la que vendrá a fin de año. Al igual que otros concursos para lugares decisivos, todas las manifestaciones serán propias del terreno político. Debe decirse: las convocatorias para cubrir los despachos más encumbrados que no se resuelvan antes de fin de año, como es éste el caso, ingresarán en etapa de stand-by. A medida que avance la carrera electoral, el Consejo ingresará en un letargo esperable y será complejo obtener acuerdos en el Senado para oficializar nuevos jueces. Desafíos que deberán esperar hasta la próxima administración.

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