Un grupo de conocidos juristas, entre ellos Hélio Bicudo, que fue uno de los fundadores del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) pero está alejado de la formación desde hace años, presentó en una escribanía de San Pablo la nueva acción, que será oficializada hoy en la Cámara de Diputados.
El nuevo pedido se suma a otros dos presentados previamente y que se fundamentan en las maniobras fiscales realizadas por el Ejecutivo en 2014 para maquillar sus balances, pero añade un informe de un fiscal del Tribunal de Cuentas que señala que esas irregularidades también fueron cometidas en los primeros meses de 2015.
Con esa nueva acción, los juristas quieren adelantarse a un posible pronunciamiento del Supremo Tribunal Federal (corte suprema) tras una acción del PT, la que argumenta que una "falta administrativa" cometida el año pasado, en el mandato anterior de Rousseff, no puede esgrimirse para juzgar su actual gestión, que comenzó el pasado 1 de enero.
Por ello, los juristas incluyeron en el nuevo pedido de juicio político el informe que dice que las "pedaladas" fiscales de 2014 se mantuvieron en los primeros meses de este año.
Miguel Reale, uno de los abogados más reconocidos del país y uno de los firmantes del documento presentado ayer, subrayó que el nuevo pedido supone una "reorganización" de las acciones presentadas anteriormente y demuestra que los "hechos son graves".
Hasta ahora, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ha rechazado once pedidos para enjuiciar políticamente a Rousseff ya que entendió que carecían de las razones jurídicas exigidas por la Constitución, pero los juristas creen que la nueva acción sí las reúne.
"La expectativa es que la nueva acción sea aceptada", afirmó Bicudo, quien recibió de manos de un líder de un movimiento civil a favor de la destitución de Rousseff un muñeco inflable con la figura del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, antecesor y mentor político de la mandataria, vestido de preso.
La decisión de aceptar o no el pedido para el inicio de un juicio político contra la jefa de Estado está en manos de Cunha, quien a pesar de formar parte del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), se ha pasado, de manera personal, a las filas de la oposición.
Cunha es investigado por supuestamente haberse beneficiado de la corrupción en la petrolera estatal Petrobras, por lo que un grupo de 49 diputados, 34 de ellos del PT, ha presentado una moción ante el Consejo de Ética del Congreso con el objetivo de despojarlo de su escaño.
Según versiones de prensa, Cunha puede haber negociado con el Gobierno un supuesto intercambio de favores -él rechazaría el pedido de juicio contra Rousseff y el PT le aseguraría su escaño-. Otros, en tanto, sostienen que sus pactos son con la oposición, pero él mismo negó ayer esas conjeturas en forma tajante.
"Sólo me cabe desmentir. No hice acuerdos ni con el Gobierno ni con la oposición", resaltó.
| Agencias EFE y DPA, y Ámbito Financiero |
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