Remedios: Ocaña reclamó se investigue a más gremios

Graciela Ocaña

La ex ministra de Salud y ex titular del PAMI Graciela Ocaña presentó ayer pruebas que había juntado durante una investigación por presunto lavado de dinero y cooperativas de crédito, supuestamente vinculada a Néstor Lorenzo. El titular de las droguerías San Javier y Multipharma fue arrestado el viernes pasado por su supuesta responsabilidad en la causa que investiga la presunta adulteración y venta fraudulenta de medicamentos oncológicos y contra el HIV, a cargo del juez Norberto Oyarbide, en la que está implicada la obra social de la Asociación Bancaria (OSBA) y que podría ampliarse con estas pruebas a otros prestadores de salud, amenazando así a una de las bases del sindicalismo.

Ocaña reiteró, al salir de Comodoro Py, sus acusaciones sobre Lorenzo como el «Yabrán de los medicamentos». La ex ministra de Salud -que causó fuertes revuelos durante su paso por la cartera por sus investigaciones sobre las obras sociales de los sindicatos, una de sus cajas claves- aseguró que existían varios prestadores de salud que trabajaban con Lorenzo, en el marco de lo que ella misma llamó «la mafia de los medicamentos».

En este sentido, en el juzgado de Oyarbide explicaron que «no se descarta que si se suman elementos, se amplíe la causa a otras obras sociales». El caso, que se inició en 2007, hace tiempo que empezó a mostrar las preocupantes implicancias de sus derivaciones: ya se llevó puesto al subsecretario de Control Sanitario de Daniel Scioli, Alberto Costa, y generó que la oposición vuelva a presionar sobre la denuncia por las supuestas conexiones entre los aportes de campaña de varias droguerías, tramitados por el ex superintendente de Salud Héctor Capaccioli, y el tráfico de efedrina.

Lorenzo habría sido el beneficiario de un «fideicomiso» que la Asociación Bancaria había solicitado a la cartera de Ocaña para adjudicar a dos droguerías la provisión de medicamentos de alto costo, que pagaba el Estado mediante créditos a las obras sociales. El empresario fue sometido a ocho meses de escuchas telefónicas en el juzgado, luego de un allanamiento a su casa y a su droguería San Javier hecho en noviembre del año pasado, en el que además se encontraron fotocopias de cheques aportados a la campaña presidencial de Cristina de Kirchner.

Sobre el fideicomiso al que hizo referencia ante el juez, Ocaña sostuvo que los beneficiarios serían dos empresas: San Javier, perteneciente a Lorenzo, e Intermedicina, vinculada a Néstor Vázquez, «que fue un ex funcionario de la Superintendencia de Servicios de Salud muy vinculado en los años 90».

Vázquez, quien no está imputado en la causa judicial, fue gerente de la Superintendencia de Servicios de Salud durante la gestión de Capaccioli en el organismo que controla a las obras sociales.

«Lamentablemente, en abril último, a través de un amparo, un juez le autorizó la apertura de este fideicomiso en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que creo que debería ser revisado a la luz de quienes fueron lo beneficiados», acotó al remarcar que «el 45% de los fondos que la obra social bancaria estaba recibiendo todos los meses iba a las droguerías».

Por el momento, el fuego se concentra sobre la OSBA, prestación de La Bancaria, muy complicada en la investigación del juez, quien ayer precisó que las pruebas «más fuertes» que por el momento tiene la causa son las escuchas telefónicas, en las que figurarían varios funcionarios, además de Costa. Tampoco se quedó callado Juan José Zanola, secretario general del gremio de los bancarios, quien salió a defenderse en medio de la balacera. El sindicalista, quien había denunciado el lunes pasado una operación relacionada con las próximas elecciones del gremio con las acusaciones contra él, sostuvo en declaraciones radiales que conocía a Lorenzo como proveedor, pero que no se podía «salpicar» a la OSBA porque toda la medicación entregada era verificada por al ANMAT. «Me hubiera gustado que Ocaña me diga en la cara lo que tenía para decir», agregó el gremialista, además de resaltar que «quien está haciendo estas denuncias es un mero títere de titiritero».

Más allá se la efusiva defensa de Zanola, los datos sobre las supuestas irregularidades que presentan los organismos de la OSBA son alarmantes: según la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) -entidad también cuestionada por sus supuestos vínculos con el caso efedrina- existen 9.500 denuncias desde 2006 hasta el presente, y aproximadamente el 80% corresponde al Policlínico Bancario.

Además de recibir a Ocaña, Oyarbide tomó varias declaraciones testimoniales de las víctimas de las maniobras investigadas, como los parientes de personas que murieron de cáncer, que habrían recibido medicación adulterada. También fue presentado un escrito con nuevas evidencias que, según sugirieron en el juzgado, podría derivar en una «ampliación del objeto procesal hacia otras obras sociales, ya que hasta hoy la única investigada es La Bancaria».