El fiscal Pedro Horrach solicitó al juez José Castro que solamente considere a Cristina, hermana del rey Felipe VI, responsable civil a título lucrativo por haberse beneficiado de 587.413 euros (725.000 dólares), monto que deberá pagar a la Justicia. Esa cantidad es la mitad de los fondos que, según la denuncia, ingresó de forma ilícita la empresa Aizoon, propiedad de la infanta y su esposo al 50% y que destinaron a pagar gastos personales.
Horrach sostuvo que Urdangarin creó la firma para usarla como sociedad interpuesta para percibir rentas derivadas de su propia actividad personal y pagar menos impuestos.
En su escrito, el fiscal consideró que el juez Castro, de acuerdo con la ley española y su jurisprudencia, debe archivar la causa contra Cristina ante la "inexistencia de indicios racionales de criminalidad".
Después de conocer la petición del fiscal, el abogado de la infanta, Miquel Roca, dijo ayer que su clienta pagará de forma "inmediata" la cantidad reclamada como responsable civil, confiada en que se archivará la causa contra ella, dado que no la acusan ni el ministerio público ni la Abogacía del Estado.
Para el cuñado del rey Felipe, Horrach solicitó una condena de 19 años y 6 meses de prisión y el pago de 3,5 millones de euros de multa por el desvío de fondos públicos mediante varios presuntos delitos de corrupción, fraude fiscal y blanqueo.
El fiscal, en su escrito ante el juez, pidió la apertura de juicio oral contra catorce personas, para las que reclama un total de 107 años de cárcel, empezando por los dos principales socios del Instituto Nóos, Urdangarin y Diego Torres.
El abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, afirmó que la petición fiscal contra su cliente es "muy alta". "Parece que fuera un delito de sangre, ¿no?; como si fuera un asesinato", se quejó.
Por su parte, la Casa Real española expresó su "absoluto respeto" a la petición de exculpación a la infanta Cristina y destacó la "independencia del Poder Judicial".
El "caso Nóos" investiga a una fundación sin ánimo de lucro con ese nombre presidida por Urdangarin, a la que supuestamente fueron desviados 6,1 millones de euros (unos 7,5 millones de dólares) de fondos públicos entre 2004 y 2007.
| Agencias DPA, AFP y EFE |
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