Sacar gendarmes, el otro desafío K para Scioli

Daniel Scioli, Sergio Berni, Gabriel Mariotto

El accidente en la Ruta 3 donde murieron nueve gendarmes el último martes fue, apenas, el detonante de una decisión que Cristina de Kirchner evaluaba hacía, al menos, dos meses: apartar a Gendarmería y Prefectura de las tareas de «seguridad interna».

El anuncio que la Presidente hizo esta semana tiene su origen en un planteo que le acercó, semanas atrás, el secretario de Seguridad Sergio Berni. La matriz tiene varias ramificaciones, algunas operativas y otras políticas, porque implica despegarse de la cuestión de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, en medio de las tensiones entre la Casa Rosada y Daniel Scioli.

Simple: el impacto, aunque global en todo el país, se sentirá más en territorio bonaerense: la Presidente puso, meses atrás, en marcha el Operativo Centinela, que en el planteo original consistía en desplegar 6.000 efectivos en los 24 municipios del conurbano.

Aunque de aquella cantidad de personal se llegó a concretar la presencia de unos 3.000 uniformados, fue un número suficiente como para «colaborar» con la Policía Bonaerense, al menos simbólicamente, en las tareas de prevención o de inhibición del delito.

Desde el anuncio presidencial, a principios de la semana, se instaló la presunción de que aquel programa de asistencia en la lucha contra la inseguridad comenzará a desactivarse. En algunos municipios se ha detectado, incluso, una merma en la cantidad de efectivos.

Se invocan varios argumentos para replegar Gendarmería. Veamos:

Uno, primordial según el criterio de Berni, tiene que ver con la valoración de la utilidad de tener gendarmes en tareas de prevención del delito. El secretario de Seguridad considera que ese mecanismo, que la Presidente presentó con pompa, no es eficaz. 

Otro planteo, también de carácter técnico, se vincula con el agotamiento que en Seguridad dicen haber detectado en la fuerza: el personal debe, durante meses, trasladarse a distintos destinos, alejado de sus familias y con sueldos bajos.

Un tercer elemento está ligado a una cuestión que la Presidente, cuando anunció en diciembre del año pasado el Operativo Centinela, dijo que no sufriría alteraciones: el cuidado de las fronteras. El despliegue de efectivos en otras tareas empezó a afectar, por ahora tibiamente, la tarea de custodia fronteriza. 

Hay un cuarto componente político, y se vincula con la decisión presidencial de dejarle a Scioli la exclusividad de la cuestión vinculada con la inseguridad en la provincia. Es una clave política dura: además de tensar el vínculo a partir de girarle sólo una parte de los fondos que necesita para cumplir con el pago de salarios y aguinaldo, la Presidente también empieza a despegarse de la otra cuestión delicada para Scioli: la seguridad.

Tensiones

Este último punto es central y debe leerse en lenguaje estrictamente político: al tiempo que deja a la provincia en una especie de default salarial -el mes próximo, otra vez, Scioli deberá suplicarle fondos a la Presidente-, se aparta de la cuestión de la seguridad, que en algún momento Cristina concibió como política propia.

Es un giro profundo. En medio de la interna entre Scioli y su vice, Gabriel Mariotto, el kirchnerismo comenzó a evaluar la alternativa de poner en marcha pruebas piloto en algunos distritos de la provincia en los que contarían con respaldo nacional, entre otras cosas, de personal de Gendarmería.

Ahora, en vez de esos ensayos de «planes K» para aplicar un modelo distinto al de Scioli, la decisión presidencial se orienta a retirar a todos los gendarmes de la provincia.