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Salvataje oficial para empresa de Cirigliano
Antonio Caló
La promesa oficial se concretó tras una reunión en el Ministerio de Trabajo de la que participó el jefe de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y de la CGT oficialista, Antonio Caló, con funcionarios de esa cartera y del área de transporte. Hasta ayer, los trabajadores en conflicto se habían quejado por una supuesta indiferencia del gremio a sus demandas. El encuentro fue monitoreado por el jefe de Gabinete de Trabajo, Norberto Ciaravino.
Durante la reunión hubo tres compromisos de los funcionarios: el sostén de los puestos de trabajo, la continuidad de la fuente laboral y la creación de una comisión para revisar los salarios adeudados. De acuerdo a los delegados de Emfer, la compañía de los Cirigliano empezó hace varios meses a diferir el pago de los sueldos y hasta ayer no había depositado el aguinaldo.
La crisis de la empresa, dedicada a la reparación y acondicionamiento de vagones ferroviarios, coincidió con la quita de las concesiones a los hermanos Cirigliano. Al lado de Emfer funciona la compañía Tecnología Avanzada en Transporte (TATSA), de los mismos dueños y dedicada a una actividad similar pero para micros y colectivos.
En otro conflicto laboral vigente, los delegados sindicales de la autopartista Lear, en la localidad bonaerense de General Pacheco, informaron que la Justicia del Trabajo ordenó a la compañía que les permitiera reingresar. Los gremialistas denunciaron que luego de que la firma despidiera a un centenar de operarios y aplicara suspensiones sin remuneración a otros 200, desde la semana pasada les prohibió entrar a la planta. Con el fallo de la jueza Graciela Pereira, los delegados llamaron desde las 5 de hoy a una movilización frente a las puertas de la empresa.
Lear es una compañía de capitales estadounidenses dedicada a la producción de mazos de cables para la industria automotriz. Al igual que otras compañías del rubro acusaron el impacto de la baja en la demanda local de vehículos y también de las exportaciones. En el caso de Lear, obtuvo el aval del Gobierno para importar los mazos de cables tras alegar una crisis y exponer dificultades para el cumplimiento de sus obligaciones salariales.


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