El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak dio el primer paso en la causa que denuncia irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral de Cambiemos en 2017 y pidió informes al Ministerio de Desarrollo Social sobre beneficiarios de planes sociales para chequear y cruzar los datos con los aportantes en la provincia de Buenos Aires por la que fue denunciada la gobernadora María Eugenia Vidal. Así se activó el expediente que, como había anticipado Ámbito Financiero generaba "ruido" en el oficialismo ante le posibilidad de que pueda derivar en una imputación contra la mandataria provincial. Como paso previsible, ayer, el fiscal con competencia electoral Jorge Di Lello giró al juzgado electoral bonaerense a cargo de Adolfo Ziulu los hallazgos de la muestra en la que se basó su investigación preliminar para que se analicen incumplimientos al Código Electoral.
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Kreplak ordenó una serie de medidas de prueba en el marco de una de las denuncias por los supuestos aportantes falsos que realizó la senadora de Unión Ciudadana María Teresa García ante posibles maniobras de lavado de dinero, usurpación de identidad y falsificación de documentos.Este cúmulo de medidas replican parte de lo actuado por el juez Sebastián Casanello (que instruye un expediente en Comodoro Py por presunto lavado de activos) y lo verificado por la fiscalía electoral de Di Lello. Se entienden como pasos lógicos (a pesar de que sean idénticos a los de los magistrados que ya avanzaron por otras vías) la
Días atrás, el ministerio que dirige Carolina Stanley respondió un pedido de informes solicitado por Di Lello que confirmó que de una lista de 200 personas que figuran como aportantes a la campaña, 150 reciben o recibieron planes sociales. Puntualmente, solicitaron que Desarrollo Social informe quienes tienen asignados los planes sociales Argentina Trabaja, Ellas Hacen o Hacemos Futuro.
Además, el juez Kreplak ordenó certificar todas las causas radicadas en los tribunales, y le pidió a la Justicia electoral la nómina de aportantes de Cambiemos de la campaña 2017, quienes eran las autoridades del PRO y los afiliados al partido. Esa información consta en las declaraciones juradas presentadas ante la Cámara Nacional Electoral. Además, el juez citó como testigo al periodista Juan Amorín quien con su investigación disparó las diversas denuncias tras verificar que personas en situación de vulnerabilidad figuraban como afiliados al PRO en la provincia de Buenos Aires y además habían sido donantes de dinero en efectivo para la última campaña legislativa.
En paralelo, Di Lello envió su investigación preliminar a Ziulu con los informes de la Cámara Electoral, de ANSES, y de Gendarmería Nacional sobre las condiciones de vida de personas que figuran en el listado de aportantes. Se trata de una muestra de medio centenar, cifra similar a los convocados a declaración testimonial por Casanello.
La certificación de causas encarada por Kreplak podría entrar en conflicto con la causa que instruye Casanello desde Comodoro Py. Es un interrogante cómo se resolverá la competencia para determinar qué juez debe actuar. Esa situación inquieta al Gobierno más allá de las posibles sanciones en materia de inhibiciones a candidaturas que puede disparar un eventual incumplimiento a la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos que pone en cabeza de las autoridades partidarias la responsabilidad para justificar el origen y destino de los fondos aplicados a las campañas proselitistas.
La Alameda sumó material para que se investiguen las campañas dentro de la Capital Federal también lo que será analizado por el fiscal Carlos Stornelli.
