Se empeña oposición en estéril queja por pacto

La oposición se suma a la embestida que intentan sin éxito llevar adelante mandatarios oficialistas, aunque críticos y distanciados del Gobierno nacional, a fin de recuperar el 15% que se retiene de la Coparticipación y se redirecciona a la ANSES. Desde las filas de la UCR nacional surge ahora con ese objeto un proyecto de ley que propone el cese inmediato y automático de esa detracción con la derogación del Pacto Fiscal de 1992. La iniciativa apunta, del mismo modo, a lo que la semana pasada también planteó que buscará con poca esperanza -porque cuenta con una Legislatura en gran parte alineada con la Casa Rosada- el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta.

«Hoy la detracción de recursos de la Coparticipación carece de todo sentido ya que el sistema ha vuelto a una situación de autosustentación con las contribuciones que realiza la clase activa», explicó el diputado radical nacional por Jujuy Miguel Giubergia, quien encabeza la presentación del proyecto.

Hasta el momento, sólo el mandatario de Córdoba, el peronista crítico José Manuel de la Sota, logró bajarse del Pacto Fiscal y ahora espera una definición de la Corte Suprema, en tanto el Gobierno de Santa Fe, del socialista Antonio Bonfatti, mantiene reclamos administrativos para conseguir la misma meta.

No obstante, es improbable que Peralta consiga repetir el escenario cordobés, y es posible que la cruzada se frustre como ocurrió en Chaco los últimos días. En Santa Cruz, por caso, de las 24 bancas que componen la Cámara de Diputados, sólo le responden a Peralta 7 de los 22 legisladores del Frente para la Victoria, mientras que los otros dos escaños pertenecen a la UCR.

En Mendoza, los radicales ya lanzaron una iniciativa similar en la Legislatura para que el gobernador Francisco Pérez se vea obligado a reclamos por vía judicial a la Nación. El bloque de diputados provinciales del Frente para la Victoria rechazó el viernes pasado la pretensión de la oposición radical.

Para el radicalismo, Mendoza se pierde de cobrar unos $ 1.000 millones anuales por esa retención. Pero, para el oficialismo, «si la provincia hubiera tenido que hacerse cargo del pago de los haberes previsionales de los jubilados provinciales (que actualmente paga la Nación), sólo en 2011 hubiera enfrentado un déficit superior a los $ 224 millones».

«Además del pago de esos haberes, el año pasado la ANSES transfirió $ 62,3 millones para hacer frente a la asignación complementaria que beneficia a los jubilados anteriores a la transferencia de la Caja provincial hace más de 15 años», retrucó el presidente del Bloque de Diputados peronistas cuyanos, Gustavo Arenas.