Senado decide qué hacer con error en medios

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El Senado definirá mañana si avanza en la investigación parlamentaria por la «fe de erratas» que modificó la ley de medios, ante el reclamo que presentará el senador y titular de la UCR, Gerardo Morales. En la reunión de Labor Parlamentaria que preside Julio Cobos, los bloques partidarios decidirán si respaldan el pedido del radical para que el secretario y el subsecretario parlamentario de la Cámara «presenten un informe» sobre lo que ocurrió durante la sesión en que se aprobó la ley.

Se trata de una fe de erratas que llegó al Senado el mismo día de la maratónica sesión y mediante la que el oficialismo evitó que el proyecto volviera a la Cámara baja para modificar algunos errores en la redacción de dos artículos.

Morales sostuvo que si la fe de erratas se trató en verdad de un cambio de párrafos, el Gobierno debe enviar una ley correctiva que tendrá que ser aprobada por las dos Cámaras.

El líder radical anticipó que si el oficialismo no acepta mandar una ley correctiva de los dos artículos modificados, la UCR hará una presentación ante la Justicia.

Según explicó, el Gobierno debería publicar en el Boletín Oficial la ley tal como se aprobó, y luego mandar una ley correctiva respecto de los artículos 95 y 124.

Además, Morales dijo que se debe investigar por qué Diputados demoró tanto en mandar la fe de erratas -que llegó al Senado cuando la sesión ya llevaba casi doce horas de debate- y «por qué no se informó al pleno».

En momentos en que el Gobierno apura la creación de la Autoridad de Aplicación, que fue fuertemente cuestionada durante el debate parlamentario, el riesgo de que el proyecto vuelva a pasar por ambas Cámaras no entusiasma al kirchnerismo.

De todas maneras, Morales reiteró la semana pasada que la oposición tratará de modificar la ley luego del 10 de diciembre, cuando se modifique la composición del Congreso.

La intención del radicalismo, según Morales, no es cambiar totalmente la norma sancionada, sino introducir «correcciones medulares en seis o siete temas».

Mencionó que uno de ellos es el polémico artículo 161, que fija un plazo de desinversión de un año, al considerar que ésta es una cuestión que «la Justicia frenará» por no respetar la seguridad jurídica.

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