Serio: el 90% de las amenazas de bomba fue hecha por menores

• EN EL ÚLTIMO MES SE RECIBIERON 2.000 LLAMADAS EN ESCUELAS DE BUENOS AIRESLas intimidaciones obligaron a la suspensión de clases en decenas de establecimientos. Morón, donde habita María Eugenia Vidal, una de las zonas más castigadas.

Alerta. Cristian Ritondo entregó patrulleros en Zárate y San Nicolás y desde allí se refirió a la escalada de amenazas de bomba en escuelas.

La escalada de amenazas de bomba a escuelas de la provincia de Buenos Aires expresa, sin lugar a duda, otro síntoma de la grave crisis social y educativa. En el último mes hubo casi 2.000 casos y 90% de ellos fue obra de menores de edad.

Los datos surgen de las investigaciones del Ministerio de Seguridad de la provincia, que se vio forzado a intensificar el rastreo de los llamados ante la seguidilla registrada, especialmente, en la zona oeste de Morón, municipio donde habita la gobernadora María Eugenia Vidal -y que administra su exmarido Ramiro Tagliaferro- y adonde sus hijos concurren, precisamente, a unos de los colegios que fue blanco de esta peculiar situación.

La participación de menores quedó probada a partir del seguimiento de números de teléfono desde donde partieron las intimidaciones, que derivaron en la detención de los adultos a cargo por decisión de la Justicia que, por el momento, ordenó la aprehensión de los titulares de las líneas.

Entretanto, los colegios involucrados y las familias expresaron su malestar por los reiterados episodios, que obligaron a sucesivas evacuaciones y, por ende, a la suspensión de la jornada de clase. Curiosamente, el día en que mayor cantidad de amenazas se produjeron fue el 22 de septiembre. Aquel día, el magnífico clima primaveral invitaba a hacer realidad el festejo por la llegada de la primavera, frustrado horas antes por la lluvia. Casualidad o intencionalidad, ese día se recibieron 48 llamados: 3 en Almirante Brown; 1 en Avellaneda; 4 en Ituzaingó; 6 en Merlo; 6 en Moreno; 5 en Morón; 3 en Quilmes; 11 en Tres de Febrero; 1 en General Pueyrredón, 1 en Junín y 7 llamados indefinidos.

Salvo la realizada en Almirante Brown, donde se encontró una granada, las restantes dieron resultado negativo.

Frente a este escenario, la Dirección General de Cultura de Educación bonaerense decidió establecer un protocolo de actuación ante estas situaciones y envió material pedagógico para concientizar a los chicos y a las familias.

¿Pero qué factores pueden llevar a un niño a realizar este tipo de acciones? Las mayoría de las respuestas, en términos generales, fue insólita: de acuerdo con las declaraciones de los menores, muchos lo hicieron porque querían faltar a una clase determinada, o porque se sumaron a una "broma" que se viralizó por las redes.

Ayer, en ese sentido, el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, advirtió que una amenaza de bomba en una escuela "no es una broma, es un delito" y aclaró que se trata de "un acto de intimidación pública penado por la ley con dos a seis años de prisión".

"Ante cada llamado de amenaza, es nuestra obligación acudir al establecimiento con toda una logística que implica brigada de explosivos, fuerzas policiales, bomberos y Defensa Civil, además de alertar a los hospitales públicos y a las cuadrículas de la zona", explicó el funcionario provincial. En rigor, según estimaciones a las que pudo acceder este diario, cada operativo le cuesta a la provincia cerca de $50 mil.

"Como padre, entiendo absolutamente el estado de nerviosismo y psicosis que esto genera en las escuelas, las comunidades educativas y en los chicos", dijo el titular de la cartera de Seguridad.

La cantidad de casos registrados en Morón, por caso, llevó a los fiscales a investigar si hay una organización detrás de las amenazas o si se trata sólo de un preocupante contagio de acciones irresponsables a cargo de menores.

Por su parte, la Junta Regional de Educación Católica de la diócesis de Morón reiteró su rechazo a estos delitos "con los que se sigue perjudicando el normal desarrollo de las clases". Y advirtió que, ante nuevas amenazas, el Obispado evalúa presentarse como querellante en las causas.

"Reiteramos nuestro pedido a las familias para que propicien una seria reflexión sobre las consecuencias de este tipo de conductas", expresó la Junta.