Servini en el túnel del tiempo (ajeno)

La Justicia argentina solicitó al Gobierno español que le informe si existen causas abiertas en ese país por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Gobierno de Francisco Franco, entre 1936 y 1977. La requisitoria fue hecha por la jueza en lo Criminal y Correccional Federal 1, María Servini de Cubría, a través de un exhorto diplomático.

La causa en la Argentina se abrió en abril pasado a pedido de familiares y asociaciones españolas de derechos humanos. En abril, la jueza archivó las actuaciones a instancias de un dictamen de la Fiscalía, pero debió reabrirlas el mes pasado por una resolución de la Sala II de la Cámara Federal porteña, que avaló una apelación presentada por los demandantes originales.

En caso de que el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero informe que no existen causas en trámite, Servini de Cubría impulsará las denuncias en su haber bajo el principio de «jurisdicción internacional» para el juzgamiento de violaciones a los derechos humanos. De lo contrario, las actuaciones tendrán destino de archivo.

Interrupción

Hasta 2008 existían en España causas relacionadas con los delitos cometidos durante el franquismo, en particular por la desaparición de 114 mil personas en ese período, que estaban a cargo del juez de ese país, Baltasar Garzón. El magistrado español se vio impedido de continuar con las investigaciones un mes después de abrirlas luego de que sectores conservadores de ese país lo denunciaran por prevaricato, es decir, adoptar decisiones por encima de sus competencias.

El argumento central de los opositores a Garzón fue que el juez de la Audiencia española no contempló la amnistía decretada en 1977, tras la muerte de Franco. Desde que quedó suspendido en sus funciones, el magistrado quedó a la espera de ser sometido a juicio por el Tribunal Supremo de su país, lo que motivó la demanda de los familiares en la Argentina.

Continuidad

La Cámara Federal reactivó la causa por entender que el archivo dispuesto por la jueza carecía «de fundamentación y sustento en el ordenamiento procesal vigente». De acuerdo con la resolución del tribunal, la «persecución penal» es un «corolario necesario del derecho» a una investigación judicial «competente, imparcial e independiente», que permita identificar a los responsables de los delitos denunciados y «se les impongan las sanciones pertinentes».

Entre los demandantes en la Argentina figuran una viuda, un hijo y una sobrina de tres personas asesinadas en el período franquista, y luego fue ampliada con 17 casos más de víctimas de Galicia. La presentación de abril contó con el auspicio de organismos de derechos humanos, entre ellos el líder del Servicio de Paz y Justicia, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.