Sigue guerra de espías (se suma G. Carbó)

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 El exdirector de la SIDE Antonio "Jaime" Stiuso recibió ayer un nuevo estiletazo desde los tribunales cuando Alejandra Gils Carbó dictaminó para confirmar la sentencia que absolvió a Gustavo Béliz en la causa iniciada en su contra por exhibir en televisión el rostro del espía. Ahora la definición será de la Corte Suprema.

En comparación con las acusaciones que el kirchnerismo dispara sobre Stiuso en las últimas semanas (que van desde el supuesto enriquecimiento hasta el contrabando), el dictamen de la Procuración es casi una anécdota. Su tamiz político y judicial resulta más atrapante.

El juicio a Béliz comenzó a mediados de 2011. Todavía era procurador Esteban Righi y el fiscal del juicio era Jorge Di Lello (cercano al titular del Ministerio Público), quien además de defender al extremo los "secretos de Estado" optó por recusar al Tribunal Oral Federal número 3 por entender que podría existir parcialidad. El caso entonces pasó a otro tribunal que lo rechazó y así intervino la Sala IV de la Casación. Ya desde ese entonces Stiuso fue admitido como querellante, giro que era promovido por los emisarios del oficialismo en el máximo tribunal penal. Todavía no había aparecido en escena el memorando firmado con Irán con lo cual el espía (al igual que Alberto Nisman) se manejaba en sintonía con el Gobierno.

Sin embargo, en esa ocasión la Casación no intervino porque el fiscal Pedro Narváiz desistió el recurso. Narváiz era distante al kirchnerismo ya que sectores de éste cuestionaban su accionar respecto de causas de derechos humanos.

El trámite volvió al tribunal que entonces integraban Guillermo Gordó, Gerardo Larrambebere y Manuel Pons. Allí Béliz terminaría absuelto bajo la premisa de que Stiuso ya era una figura conocida cuando el exministro mostró su imagen, al punto que ya había declarado en dos juicios orales.

Ese criterio del tribunal quedó evidenciado cuando en esa misma sala se realizó el juicio por los presuntos sobornos en el Senado durante la última administración radical. En ese debate prestaron declaración unos quince agentes de la SIDE (de donde el arrepentido Pontaquarto decía haber extraído los fondos para su supuesta maniobra), incluidos funcionarios del departamento de contabilidad. Todos ellos declararon a puertas cerradas, sin presencia de público ni de periodistas. Obvio: el secreto de los agentes, especialmente aquellos de bajo rango, sí fue ponderado por los jueces.

Finalmente Stiuso denunció a Gordó, a Pons y a Larrambebere. Se abrió un expediente que instruye Julián Ercolini, pero en el cual poco y nada sucede. Por cierto: hace dos semanas, luego de cinco años, tuvo lugar una declaración testimonial en la cual no aparecieron datos sustanciales. Aun así la Cámara Federal no se decide a clausurar el caso.

En paralelo, la Casación revocó la absolución a Béliz y el caso viajó hasta la Corte. Los abogados del exministro de Justicia daban ese giro por descontado y lo relacionaban con el ascenso del camarista Mariano Borinsky, que había llegado a la Casación desde el Ministerio Público.

Luego pasaron años sin que Gils Carbó tomara el caso para emitir dictamen. En ese transcurrir implosionó la relación del Gobierno con el espía Stiuso y en diciembre del año pasado este último fue despedido de la catedral de la clandestinidad.

El dictamen rubricado ayer termina de enemistar a la jefa de los fiscales con un sector de la clandestinidad con el cual ella misma se ha declarado en conflicto casi desde que llegó al cargo. A nivel político, el sentido es más fino porque el dictamen busca disipar la idea de que el espía está incluido en la distensión que el kirchnerismo duro pretende en su vínculo con el fuero más decisivo.

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