Sin votos para jury, oficialismo multó a Bonadío

Claudio Bonadio y Gabriela Vázquez

 El Consejo de la Magistratura castigó ayer al juez federal Claudio Bonadío con una multa sobre el 30% de su salario (la penalidad alcanza los 25.000 pesos). El bloque del oficialismo le imputó demoras en el tratamiento del expediente relacionado con la empresa Tandanor. También se resolvieron una serie de nombramientos estratégicos en oficinas que fueron ocupadas por representantes del oficialismo. Al mismo tiempo fueron desestimadas las denuncias contra dos jueces de la Cámara de la Seguridad Social.

Tal como adelantó este diario, ante la imposibilidad numérica de enviar a Bonadio al jury, el krichnerimo debió conformarse con la sanción para la cual le alcanza con la mayoría simple. El Gobierno volvió a confirmar ayer que está dispuesto a agotar todas las posibilidades que esa aritmética de siete votos le puede otorgar. Si bien no podrá llegar al punto de remover jueces, tendrá garantizada la centralidad de la escena, protagonismo que en la anterior conformación era de los jueces.

Dicha mayoría requiere, al menos por ahora, de la camarista Gabriela Vázquez que preside el organismo. El resto de los consejeros no facilitaría el voto en las cuestiones más trascendentes. Vázquez afirmaba que ella se había atendido al expediente contra Bonadío que, en definitiva, hablaba de una demora de cuatro años para iniciar una investigación, la respuesta técnica ante el requerimiento político de sus pares que requería blindar al magistrado. Es lo mismo que sucedió hace seis meses, en un caso contra Bonadio en el cual el senador radical Mario Cimadevilla había votado con el oficialismo y contra el juez.

El magistrado constituye un elemento de tensión para ese partido, rasgo que quedó en evidencia cuando el diputado Gustavo Valdes recordó la posición de Cimadevilla e insinuó un acercamiento con la misma aunque finalmente respaldó al juez (que además tiene buen diálogo con el senador Ernesto Sanz), un debate más variopinto que el de otros espacios que llegan al punto de lo estrafalario cuando proponen colectas para cubrir la penalidad decidida por la Magistratura.

El pasado es igual de incómodo para el kirchnerismo, cuyos representantes en la Magistratura solían respaldar al juez de la furia de los opositores. Eran tiempos en los cuales no había lugar para allanamientos explosivos. El criterio que expuso el viceministro Julián Álvarez para ir contra Bonadío, afirmando que el juez "avaló la defraudación del Estado", será un desafió cuando el plenario deba discutir sobre el accionar del juez Norberto Oyarbide y sus peripecias - bien detalladas en los fallos de la Cámara Federal- en un expediente como el que protagoniza Sergio Schocklender y la fundación Sueños Compartidos.

Hacia adentro del Poder Judicial la decisión de Vázquez genera fastidio en la Corte Suprema, algo que se entiende desde las últimas apariciones sociales de Bonadío y en el fallo calculado de la cámara Federal que ayer rebatió la acusación del fiscal Carlos Gonella contra el juez.

Por otra parte el oficialismo designó a Marcos Romera como nuevo subadministrador del Poder Judicial. Romera formaba parte del staff del senador Marcelo Fuentes en la Magistratura y tiene contacto con el gobernador de Tucumán José Alperovich. Secundará a Claudio Cholakian, quien tuvo la performance esperada en el primer pago de sueldos que le tocó supervisar.

Para tener en cuenta: además de haber contado con las firmas del Ejecutivo a tiempo para habilitar los créditos necesarios, la Magistratura percibió este mes un adelanto del Tesoro que supera los 200 millones de pesos. Un giro que debe entenderse por la necesidad del oficialismo de demostrar una gestión veloz ahora cuando la administración del Poder Judicial pasó de estar bajo la órbita de la Corte a un funcionario que integra Justicia Legítima.

Además de Romera, fueron promovidos Adriana Gigena como nueva secretaria en la Comisión de Selección (reemplaza a José Elorza) y Mariana Aballay para la Comisión de Disciplina en reemplazo de Néstor Schimdt, que había presentado su renuncia el martes. Ambas modificaciones son antipáticas para los jueces que ayer pusieron especial énfasis en respaldar a Elorza, cercano a la UCR. Por su parte, los camaristas de la Seguridad Social Luis Herrero y Emilio Fernández -denunciados en la Magistratura por el kirchnerismo - se vieron beneficiados con el archivo de presentaciones en su contra.