También Colombi apuesta a aumentar impuestos

Ricardo Colombi

Corrientes - El gobernador radical Ricardo Colombi apuesta a aumentar los niveles de la recaudación provincial con proyectos que impulsan una suba en el impuesto de Ingresos Brutos, además de imponer una sanción penal para combatir la evasión.

La estrategia -que, en rigor, se multiplica en el interior- se da como respuesta a la desaceleración de las remesas de copartipación (cuyo crecimiento bajó del 30 por ciento al 16 por ciento, en comparación con 2011) y, en el caso puntual de este distrito, las demoras además en partidas nacionales.

En lo que va del año, entre los mandatarios que incursionaron en la suba de impuestos se encuentran el bonaerense Daniel Scioli, el mendocino Francisco Pérez, el santacruceño Daniel Peralta y el neuquino Jorge Sapag, mientras que pretenden hacerlo el socialista Antonio Bonfatti y la fueguina Fabiana Ríos.

Para potenciar los niveles recaudatorios locales -que equivalen al 10 por ciento de los ingresos totales de Corrientes- el mandatario envió a la Legislatura provincial un paquete de proyectos que prevén una reforma tributaria y fiscal.

Una de las iniciativas propone elevar del 2,5% al 2,9% la alícuota por Ingresos Brutos que cobra la Dirección General de Rentas de la provincia, tasa que así se mantendría -afirman- por debajo de la media nacional.

Además, otro proyecto establece un adicional por única vez del 30 por ciento sobre el Impuesto Inmobiliario Rural, «cuya recaudación será destinada exclusivamente a profundizar la lucha sanitaria en las distintas actividades productivas, conforme lo acordado con los sectores», según el Gobierno provincial.

Para la administración de Colombi, este adicional generará recursos extraordinarios a los municipios, ya que recibirán el 18 por ciento del incremento de la recaudación por este impuesto.

En paralelo, el Gobierno correntino pretende aplicar la Ley Penal Tributaria que rige a nivel nacional y, por ello, impulsa la adhesión a esa norma, al tiempo que la DGR local sólo tiene castigos pecuniarios con multas para los evasores.

«La provincia busca garantizar, dentro de su territorio, una clara diferencia entre el contribuyente que por error u omisión deja de ingresar el tributo correspondiente, de aquel que estafa al Estado valiéndose de engaño u ocultación maliciosa, perjudicando a las finanzas públicas», explicó el ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres.