Un funcionario acosado por los escándalos y festival de subsidios

Ricardo Jaime, uno de los funcionarios más controvertidos del Gobierno kirchnerista, se va con varias causas judiciales pendientes y la presunción de que hizo uso por lo menos discrecional de los subsidios por más de $ 3.000 millones que maneja su cartera. A esto se suman los datos visibles de un modo de vida, incluyendo en los últimos meses un avión privado a su disposición, que no coinciden con los ingresos de un hombre que desde la década del 80 vive de la función pública.

La trayectoria de Jaime en el Gobierno nacional parte con la decisión de no hacer volar a la empresa aérea estatal, Lafsa (que heredó por decreto de Eduardo Duhalde) a cambio de un contrato de setiembre de 2003 con la luego quebrada Southern Winds para que ésta pusiera los aviones a cambio de un subsidio para los sueldos de sus 900 empleados y de combustible gratis. Esa extraña alianza, por la cual además Lafsa contrató pilotos y personal administrativo sin tener actividad, terminó repentinamente en febrero de 2005, cuando en un vuelo de SW a Madrid se descubrieron dos valijas con un importante cargamento de drogas.

Ahora, Jaime les deja al Gobierno de Cristina de Kirchner y a su sucesor la pesada carga de resolver la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, cuyas acciones siguen en cabeza del grupo español Marsans, aun cuando el Estado está gastando entre $ 3 y 4 millones diarios para cubrir la pérdida operativa y mantener los aviones.

La expropiación de la línea aérea aprobada por el Congreso en diciembre todavía no se concretó, porque no hubo acuerdo sobre el precio con los empresarios españoles. Así, el ex funcionario deja en la agenda una frustrada negociación para obtener un crédito del Gobierno español que permita financiar parcialmente el contrato que Marsans firmó en 2007 con Airbus para la compra de aviones, el último mecanismo que había ideado para acordar con el grupo hispano.

El ex secretario, que permitió hasta 2008 los incumplimientos de Aerolíneas en materia de servicios y de mantenimiento de la flota, había llegado a un acuerdo con Marsans en junio de ese año para la transferencia de las acciones a un precio pactado de común acuerdo. Sólo cuando la intervención del Parlamento obligó a que el Tribunal de Cuentas de la Nación fijara el valor se dio por caído ese convenio que mereció fuertes críticas.

En los últimos meses, además, se iniciaron dos causas judiciales contra Jaime. Una, por usar entre febrero y mayo un avión privado, del cual se desconocen el verdadero propietario y los supuestos motivos por el que el presunto dueño prestó la aeronave al funcionario; la otra, quién se hizo cargo de pagar el estacionamiento y el combustible en por lo menos siete viajes que habría realizado el ex funcionario.

La segunda causa se relaciona con viajes de turismo que habrían sido solventados por empresas que Jaime debía controlar, entre ellas, el grupo Plaza (transporte automotor, ferrocarriles Mitre y Sarmiento) y Aeropuertos Argentina 2000.

Ya en 2006, antes de la adjudicación del tren bala, Jaime viajó a Europa, invitado por la empresa francesa Alstom, que luego resultó adjudicataria del proyecto que implicaba un costo de casi u$s 4.000 millones para unir en una hora y media a la Capital Federal con Rosario y luego con Córdoba.

La adjudicación del tren «de alta velocidad», que luego fracasó por la falta de financiamiento, también deparó dudas. Se habló primero de u$s 1.200 millones y luego de u$s 3.700 millones. Expertos afirmaron en ese momento que, con ese dinero, se podían hacer más de 6.000 kilómetros de vías a una velocidad de 130 kilómetros por hora.

Después de seis años en el cargo, Jaime se va sin que se haya mejorado el estado de los trenes de pasajeros que dependen del Gobierno nacional y el transporte automotor de corta y larga distancia, que recibió, año tras año, subsidios crecientes, además de 100 millones de litros mensuales de gasoil a la tercera parte del precio del mercado.

Se estima que los diversos subsidios pasaron de $ 2.200 millones en 2006 a casi $ 4.000 millones en 2008. Buena parte de esos recursos, además, no tiene los mismos controles que los gastos presupuestarios, porque forman parte del fondo fiduciario constituido con la tasa al gasoil, por la que se recaudan actualmente cerca de $ 2.000 millones anuales.

La defensoría del pueblo y entidades de consumidores denunciaron en varias oportunidades a Jaime por seguir entregando subsidios a los trenes que operan en pésimas condiciones, en cuanto a horarios, seguridad y condiciones de abandono de los vagones.

También dejó sospechas la forma en que se rescindieron los contratos de concesión de los ferrocarriles que operaba Transporte Metropolitano, empresa en la que tenía predominio el grupo Taselli. Lo que debía ser una estatización se convirtió en gestión (y, por lo tanto, percepción de los subsidios) por parte de las otras empresas privadas operadoras: Trenes de Buenos Aires (grupo Cirigliano) y Ferrovías (grupo Romero operador también de la Hidrovía, empresa que se benefició ya desde el Gobierno de Duhalde con la dolarización de las tarifas).

Jaime había iniciado la relación con Néstor Kirchner en 1991 como secretario de la gobernación de Santa Cruz. Desde entonces, tejió una relación personal y estrecha con el ex presidente, al punto que los temas más importantes de su área los trataba personalmente, eludiendo la intervención del ministro de Planificación, Julio De Vido, de quien dependía orgánicamente. Jaime era famoso por su afición al karate (deporte en que es cinturón negro), por los trajes de mucho valor y por los relojes y cadenas de oro que lucía a toda hora.