Un incentivo a mayor déficit

Los gobernadores seguirán con especial atención la sesión de hoy en la Cámara de Diputados, que comenzará a debatir -además del Presupuesto 2010- la excepción a la ley de Responsabilidad Fiscal, lo que en la práctica se traducirá -de aprobarse- en el fin de la asfixia financiera para las provincias.

El reclamo se explica fundamentalmente en el crecimiento del 20,9% del gasto en personal ($ 15.300 millones extra), sumado a la fuerte caída en la coparticipación, producto de la retracción económica nacional.

El proyecto fue elaborado por los gobernadores y canalizado por sus legisladores afines, y propone una serie de excepciones temporales a la Ley de Responsabilidad Fiscal, sancionada en 2004 para imponer límites al endeudamiento y déficit de los distritos.

El texto prevé que queden sin efecto durante este año y el próximo la aplicación de la prohibición para emitir deuda por un valor superior al 15% de sus ingresos corrientes, y la imposibilidad de cerrar el ejercicio fiscal del año con déficit financiero. Establece, además, una mayor flexibilidad para poder trasladar recursos destinados a gastos de capital hacia el rubro de gastos corrientes.

El reclamo llega en un momento agónico para las finanzas provinciales, jaqueadas por el desmesurado aumento del gasto público y la retracción en la economía, que empujó a la mayoría de los distritos a cerrar un 2009 con un abultado déficit.

Para el economista Miguel Kiguel se trata de una necesidad importante para las provincias, ya que «esto les permitirá endeudarse y creo que será una negociación para su aprobación». El economista Rogelio Frigerio, en tanto, dijo que la Ley de Responsabilidad Fiscal «perdió efectividad desde hace tiempo. Hace rato que se viene adaptando para que las provincias puedan entrar en los márgenes de la misma. Hacer demasiado hincapié en la posibilidad de endeudarse para financiar gastos corrientes es un juego peligroso porque se puede flexibilizar la ley, pero después las provincias se van a enfrentar con la realidad de que no es fácil acceder a los mercados voluntarios de deuda», advirtió.

La suspensión parcial del impacto de la ley fiscal es esperada con especial ansiedad, por caso, por el gobernador bonaerense Daniel Scioli, quien pilotea un déficit estimado para este año de $ 5.500 millones. Su ministro de Economía, Alejandro Arlía, tiene en agenda la emisión de un bono por $ 850 millones para colocar en el mercado local, con el objetivo de financiar gastos corrientes (fundamentalmente, el pago a proveedores).

La pretensión hoy permanece frenada por las restricciones a los endeudamientos para gastos corrientes que impone la norma de Responsabilidad Fiscal.

La emblemática postal de Buenos Aires se replica, en rigor, en buena parte de las provincias, donde los mandatarios batallan recursos extra en el marco de la caída de los ingresos por coparticipación y recaudaciones locales, producto del conflicto con el agro y, luego, la crisis financiera internacional.

Uno de los pioneros en la materia de plantear la urgente necesidad de suspender la ley fiscal fue el mendocino Celso Jaque, quien hoy también evalúa un mix de medidas financieras para hacerse de fondos adicionales, frente a un déficit presupuestario 2009 estimado en $ 500 millones. Chubut, en tanto, pretende emitir deuda por $ 380 millones y Córdoba por u$s 150 millones.