Una audaz decisión mirando a la Corte de Estados Unidos

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El Gobierno reabrirá por tercera vez el canje de deuda con una intención clara: que al momento de tomar la decisión de aceptar o no el caso argentino contra los fondos buitre, la Corte Suprema de los Estados Unidos tenga en cuenta que la Argentina está actuando de buena fe hacia los tenedores de bonos en default. Estratégicamente se trata de un cambio fundamental de imagen del país hacia la Justicia norteamericana, frente a lo que sucedió en momentos del fallo de primera instancia de Thomas Griesa en octubre de 2012 y la segunda instancia de la semana pasada en la Cámara de Apelaciones de Nueva York. En lugar de mostrarse ante los jueces del máximo tribunal norteamericano como inflexibles ante los holdouts, el Gobierno se presentará como una parte abierta a solucionar la situación y llegar a un acuerdo; pero siempre sobre los términos de los dos anteriores llamados a reestructurar deuda argentina de 2005 y 2010.

Ante la Justicia de los Estados Unidos, el cambio de posición podría resultar clave, ya que tanto el fallo de Griesa como el de la Cámara mencionaron específicamente la posición irreductible de la Argentina. Particularmente la decisión de la segunda instancia judicial del viernes pasado mencionó las frases que en su momento dijeron Cristina de Kirchner y Hernán Lorenzino sobre que no se les entregaría "ni un sólo dólar a los fondos buitre"; lo que fue malinterpretado por los cuatro jueces (Griesa y los tres de la Cámara de Apelaciones), como una voluntad de no respetar los fallos. En la instancia de la Corte Suprema de EE.UU. quiere que se vea la posición del país como de buena fe y voluntad para llegar a un acuerdo en los mejores términos posibles.

Todo esto no quiere decir que el Gobierno no quiera incluir a la mayor cantidad de holdouts posibles dentro del canje de deuda. La estrategia en este sentido apunta a que 2/3 de los tenedores de deuda por unos u$s 8.000 millones se interesen en la oferta e ingresen en el tercer llamado. Si al menos u$s 3.500 millones de los particulares y personas jurídicas aceptaran las condiciones de este tercer llamado, el porcentaje total de aceptación de todo el proceso de reestructuración de deuda iniciado % o al 97%. Para la Argentina, visión compartida por los abogados del estudio Cleary, Steen, Gotlieb & Hamilton (CSGH) que representan al país, sigue siendo importante que los jueces norteamericanos tengan en cuenta los porcentajes de aceptación de los canjes.

En la misma línea sabe el Gobierno argentino que los fondos buitre no ingresarán al canje y que mantendrán imperturbables el juicio hasta las últimas instancias de la Justicia norteamericana. Se trata de unos 4.000 millones que aún permanecen en poder de fondos como el NML Elliot de Paul Singer, el Dart de Kenneth Dart, Olifant, Master y Aurelius, entre otros; que tienen como negocio conseguir un fallo definitivo que les dé la razón para cobrar el 100% más intereses de los bonos caídos en default en 2001. La mayoría compraron estos papeles entre octubre de 2001 y febrero de 2002; pero también aumentaron sus tenencias de bonos caídos luego de los dos canjes de deuda de 2005 y 2010. La posición de no adherir al próximo canje ya es pública desde hace tiempo, cuando los abogados del estudio CSGH introdujeron la alternativa ante la Cámara de Apelaciones en noviembre del año pasado, rechazándola de plano. De hecho, a fin del año pasado, Theodore Olson, el abogado que representa en este juicio al fondo buitre Elliot (el mismo que logró embargar la Fragata Libertad en el puerto de Tema, Ghana), había declarado que la posibilidad de un tercer canje era "una burla". Este profesional, se había mostrado alegre ayer asegurando que el fallo de segunda instancia del viernes "condenaba de manera apropiada la persistente violación que la Argentina ha hecho de sus obligaciones". Olson fue, alguna vez, abogado de George W. Bush en su disputa contra Al Gore para llegar a la presidencia norteamericana en 2000.

El segundo capítulo de la estrategia oficial aplicada por el Gobierno es eliminar, según las palabras presidenciales de ayer con "la espada de Damocles" de los embargos a los pagos de los vencimientos de intereses y capital en Nueva York; en el caso que la suerte en la Corte Suprema sea esquiva. Por esto se lanzará en paralelo un canje de la deuda emitida bajo jurisdicción de Wall Street y que es la que estará permanentemente en peligro hasta el final del juicio. Y más allá también si el fallo en negativo.

El Gobierno espera con más tranquilidad que la habilitación del Congreso de la reapertura del canje. Saben en el Ministerio de Economía que mientras la Corte sostenga la situación de "stay", por la cual el pago de los bonos no corre peligro.

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