¿Una carrera contra la corrupción o por ambición política?

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El juez Moro había descartado en el pasado ocupar un cargo gubernamental, argumentando que son mundos diferentes.

San Pablo - Un luchador contra la corrupción en Brasil o un justiciero puritano con sesgo político: ambas imágenes se proyectan sobre el juez Sergio Moro, que ayer aceptó encabezar el superministerio de Justicia y Seguridad Pública de Jair Bolsonaro.

Al juez se lo ama o se lo odia. Con 22 años de carrera judicial, Moro, de 46 años, saltó a la fama como figura central de la megaoperación anticorrupción "Lava Jato" que desde 2014 ha llevado a la cárcel a decenas de políticos y empresarios.

En la lista figuran Marcelo Odebrecht, de la gigante constructora Odebrecht; el expresidente de izquierda de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y el expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha.

El encarcelamiento de peces gordos, algo inédito en la historia de Brasil, convirtió a este juez de primera instancia de Curitiba (sur) en un superhéroe representado en remeras, máscaras y pancartas en manifestaciones contra la corrupción. Pero este juez oriundo de Maringá (Paraná, sur) coleccionó detractores que ven en su proceder parcialidad política, más focalizada en el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula que en el otro bando.

En 2016, Moro le dijo al diario O Estado de S. Paulo que "jamás entraría en la política" y aseguró que "el mundo de la justicia y de la política no deben mezclarse". "Soy un hombre de la justicia, y sin desmérito, no soy un hombre de la política. Soy un juez, estoy en otra realidad, otro tipo de trabajo, otro perfil. No existe jamás ese riesgo de entrar en la política", insistió.

Ahora Moro pone fin a su carrera judicial para convertirse a partir del 1º de enero en ministro de Justicia y de Seguridad Pública de Bolsonaro, un excapitán del Ejército que pocos días antes de la elección amenazó, en uno de sus más polémicos discursos, con "barrer a los bandidos rojos", a quienes no les quedaría más opción que el exilio o la cárcel.

El mayor trofeo de la "Lava Jato" fue sin duda la captura de Lula, que desde abril cumple una condena en la sede de la Policía Federal en Curitiba una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero. Moro y Lula se midieron en mayo de 2017 en un interrogatorio que duró unas cinco horas y que mantuvo a Brasil en vilo.

El duelo empezó en marzo de 2016, cuando Moro ordenó a la policía irrumpir en casa de Lula en Sao Bernardo do Campo, interior de San Pablo, para llevarlo a declarar por la fuerza.

Ese mismo mes, divulgó una conversación entre el exmandatario y su sucesora Dilma Rousseff (2011-2016), que sugería que esta buscaba nombrarlo ministro para darle fueros que lo protegieran de la justicia ordinaria.

No sería la única jugada criticada a Moro, que también abrió conversaciones familiares de Lula grabadas fuera del plazo judicial y autorizó a publicar trechos de la delación premiada de un antiguo colaborador de Lula poco antes de las presidenciales del mes pasado.

Muchos de sus pares lo definen como un magistrado rápido para decidir, preparado y resuelto. Fascinado por descifrar los caminos del dinero sucio, al astro de la justicia brasileña se dice deslumbrado por la histórica operación "Mani Pulite" (Manos Limpias), que desarticuló una compleja red de corrupción en la Italia de los 90.

La imagen de un juez preocupado ante todo por un mundo más justo se vio empañada este año, cuando justificó que los magistrados reciban un subsidio de residencia aunque vivan en casas propias y en sus ciudades de origen.

Moro está casado y tiene dos hijos con Rosângela Wolff, también abogada, que en las redes sociales expresó el domingo su satisfacción tras la victoria electoral de Bolsonaro.

Agencia AFP

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