La ley de internas abiertas que busca ahora reflotar el Gobierno (ver nota de Tapa) la ideó en 1999 Federico Storani para hacerles una encerrona a sus adversarios del alfonsinismo. La mandó Fernando de la Rúa, pero se hundió en las arenas del Senado. Cuando repicaba en los oídos de todos el «que se vayan todos», la desenterró Eduardo Duhalde, el senador Jorge Yoma la hizo maquillar por las dos mejores expertas que tenía entonces el Senado (la peronista María Paula Renella y la radical Delia Ferreyra, hoy en Poder Ciudadano). Lo que salió fue endeble, tanto que el mismo día en que se votó en Diputados se aprobó un pedido de Elisa Carrió de que los partidos con lista única fueran eximidos del trámite. Lo convalidó Duhalde en la reglamentación, pero todo el sistema lo impugnó, a pedido de Juan Carlos Romero, el juez federal de Salta Abel Cornejo (hoy en el Tribunal de Justicia de esa provincia). Romero, como Carlos Menem, temía que en esas internas funcionase un voto tránsfuga y que afiliados de un partido fueran a votar en las de otro eligiendo así sus adversarios.
La jueza María Servini de Cubría convalidó ese fallo salteño, y bajo esa luz Eduardo Duhalde suspendió las internas. Este ex presidente ha dicho que cuando vio el temor del menemismo al voto tránsfuga fue la primera vez que creyó que él -o un candidato puesto por él, como lo fue después Kirchner- podía ganarles a sus adversarios.
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