En junio pasado, el excontratista de la CIA Edward Snowden desnudó los programas de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), un organismo que opera tan en las sombras de la legalidad que recibe el apodo de "No Such Agency" ("No es una agencia") en la jerga del espionaje, y desencadenó los sucesos descriptos anteriormente.
Los diarios The Guardian y The Washington Post revelaron, gracias al material sustraído por el experto tecnológico, los tentáculos del programa PRISMA para vigilar las comunicaciones on line de enemigos, rivales y aliados. Y dejaron expuestos los alcances del centinela virtual de recolección de metadatos capaz de capturar hasta el 75 por ciento de las comunicaciones y material transmitido desde cualquier punto del mundo siempre que, en su recorrido por las fibras ópticas pase, en algún tramo, por Estados Unidos.
"Estos programas nos ayudan a prevenir ataques terroristas y cuentan con un amplio apoyo bipartidista en el Congreso", explicó el presidente Barack Obama, a quien las revelaciones lo agarraron en un momento incómodo, junto a su par chino, Xi Jinping. Pekín es, según Snowden y sus documentos, uno de los destinos más espiados. En el marco establecido por su antecesor, George W. Bush, en el cénit del mundo post 11-S, Obama sentenció: "No se puede tener ciento por ciento de privacidad y ciento por ciento de seguridad."
¿Es válida esta dicotomía aplicada también ahora, sin disimulo, en forma aluvional, al mundo de la web? "De ninguna manera", afirmó a Viernes desde Washington Cynthia Wong, investigadora en el área informática de la organización Human Rights Watch. "Y considero que debemos resistir que nos fuercen a elegir. Una no puede existir sin la otra. Los Estados Unidos deben salvaguardar el derecho a la privacidad de todas las personas, incluso de aquellos fuera del país, y asegurar que los esfuerzos en su vigilancia sean proporcionales", completó Wong.
Majid Rafizadeh, académico de origen sirio-iraní y presidente del Consejo Internacional Estadounidense para Medio Oriente, coincidió con Wong en cuanto a la falsa lógica binaria en materia de intimidad y resguardo. "Las leyes de la última década han priorizado la seguridad sobre la privacidad y, como resultado, el balance se ha corrompido. El lenguaje político sobre la guerra contra el terror sigue existiendo. Obama no cerró Guantánamo como había prometido en su campaña presidencial y muchos consideran que sus políticas siguen siendo las mismas que la de su predecesor sin importar cuánto haya variado su tono diplomático", aseguró Rafizadeh a este medio.
CHANGE WE BELIEVE IN
Al asumir la presidencia en 2009, Obama prometió que encabezaría una de las gestiones más transparentes de la historia y reveló a la opinión pública los documentos clasificados con los artilugios legales que Bush y su administración habían utilizado para justificar las torturas durante los interrogatorios a "combatientes enemigos". ¿Cómo se compatibiliza aquel mandatario y sus promesas con el mismo presidente que, cuatro años después, apela a la ley de espionaje de comienzos del siglo pasado para perseguir a quienes revelan la misma información que él había prometido no ocultar más? En rigor, Snowden es sólo el último de una larga lista de ocho acusados bajo esta normativa de infringir los protocolos de seguridad y filtrar datos sensibles a periodistas, aunque sus casos, salvo el de la informante de Wikileaks, Chelsea Manning, anteriormente llamada Bradley, no hayan adquirido igual resonancia.
Luego del 11 de septiembre de 2001, el panóptico de la Inteligencia estadounidense adquirió tales proporciones que su accionar escapa al control humano. Según un informe de la Junta para la Desclasificación de Interés Público, un comité asesor del Capitolio establecido en 2000 para asesorar al presidente o entidades del Ejecutivo en materia de desclasificaciones, una agencia de Inteligencia genera por su cuenta hasta un petabyte de registros clasificados en el transcurso de un año y medio de actividad, lo que equivale a aproximadamente 20 millones de archivadores de cuatro cajones repletos de carpetas. Y esto, multiplicado por el número de agencias que desarrollan estas tareas.
En otras palabras, la trampa del espionaje consiste en que, gracias a los avances tecnológicos, la capacidad de vigilancia se ha multiplicado al extremo que hay cada vez un mayor número de ojos y oídos gubernamentales registrando lo que sucede bajo su órbita. Lo que resulta en una suerte de "Gran Hermano" que devora un número ingente de comunicaciones privadas, emails y archivos compartidos bajo la premisa de la seguridad. Sin embargo, el sacrificio de la intimidad genera un corpus que, en un amplio porcentaje, es de nula utilidad.
Lee Hamilton, vicepresidente de la Comisión del 11-S que investigó el mayor atentado en suelo estadounidense en la historia del país, aclaró en una oportunidad que el 70% del material que había supervisado durante el trabajo del equipo legislativo había sido "clasificado innecesariamente". No fue el único en hacer este tipo de observaciones.
"Podrás escuchar que si colocás a tres personas en una habitación, tendrás cuatro decisiones clasificadas", bromeó Robert Rogalski, director de Seguridad durante la gestión del halcón Donald Rumsfeld en el Pentágono, en un simposio sobre clasificaciones en el Archivo Nacional en octubre de 2005. Y señaló: "Nuestro trabajo sería mucho más sencillo si la sociedad estadounidense no creyera que nos queremos esconder detrás de secretos... Deberíamos ser lo más transparentes posibles".
De igual modo se expresó en aquella conferencia Lawrence Halloran, veterano miembro del Subcomité en Seguridad Interna y Terrorismo: la sobreclasificación está dañando la integridad del sistema y estimula las filtraciones y otras violaciones a los protocolos de seguridad.
¿QUIÉN VIGILA?
Uno de los primeros aspectos que quedaron al desnudo a partir de los documentos de Snowden es la privacidad de los datos en la web, más allá de los contratos de confidencialidad en letra casi ininteligible que presentan a sus clientes las compañías como Google, Apple, Microsoft, Skype o You Tube, entre otras. Fuera por convicción o presionados por la Casa Blanca, los gigantes de Silicon Valley cooperaron con Washington liberando el acceso a sus servers. ¿Qué legislación entonces ampara a los usuarios de internet a la hora de confiar el depósito de su información privada en estas empresas? ¿Qué credibilidad le resta al gigante informático cuyo eslogan es "su seguridad es nuestra prioridad"?
El interrogante cobra aún más sentido cuando los vínculos entre empresas y Gobierno son tan laxos que la puerta giratoria que históricamente caracterizó el pase del sector privado al Estado y viceversa, también se aplica ahora el universo de la informática. Según reveló el diario The New York Times, en junio pasado, Max Kelly, jefe de Seguridad de Facebook, dejó su puesto en 2010 al ser reclutado por la NSA. Y el suyo fue sólo un caso que trascendió.
Es que, para la Casa Blanca, el ciberespacio constituye el teatro de conflicto de un futuro que ya está presente. Por eso Obama designó en diciembre de 2009 al primer zar informático, Howard Schmidt, a cargo de la flamante Oficina de Coordinación de Seguridad Cibernética de la Casa Blanca. Y lo anunció, ironías al margen, a través de un email que llevaba la firma del entonces asistente presidencial en temas de Seguridad Nacional y Contraterrorismo y actual director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Brennan.
"Al igual que muchas tecnologías, internet puede utilizarse para el bien y el mal. Ha sido el instrumento de movimientos sociales y el trabajo de defensores de los derechos humanos alrededor del mundo", señaló Wong. Aunque reconoció las legítimas preocupaciones de los gobiernos respecto a los alcances del cibercrimen y las ciberamenazas a su seguridad, enfatizó en la espiral de abusos que el anhelo por el control desmedido puede desatar.
"Estas preocupaciones conducirán a los gobiernos a incrementar su capacidad de espionaje sobre los usuarios en la web. Y, a medida que las computadoras se vuelvan más poderosas y el costo del almacenamiento de datos descienda, incentivará a los gobiernos a recolectar cada vez más información. Pero los gobiernos tienen también la obligación de proteger la privacidad online. Y es deber de los gobiernos que sus poderosos programas se ciñan a sus obligaciones para con los derechos humanos", remarcó Wong.
El diario The Washington Post publicó, basado en documentos obtenidos por Snowden, que sólo en 2011, Estados Unidos ejecutó 231 ciberoperaciones ofensivas, la mayor parte de ellas concentradas en China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Las agencias de Inteligencia del Norte definen este tipo de ciberoperaciones como actividades con el objetivo de "manipular, interrumpir, degradar o destruir información residente en computadoras o en redes informáticas", acorde a una directiva presidencial de octubre de 2012. Pero por considerarlas de tipo clandestino, la Casa Blanca declinó hacer comentarios al respecto.
Un ejemplo de este tipo de ataques fue Stuxnet, el gusano informático creado por Estados Unidos e Israel que se filtró en las computadoras iraníes y destruyó sus centrifugadoras nucleares en 2009 y 2010. Acorde a los expertos, el ataque más abrasador de este tipo registrado hasta el momento.
ATROPELLOS
"Hubo un aviso del Gobierno británico, por lo que teníamos un indicio de que podía ocurrir. Pero no es algo que nosotros solicitásemos y fue llevado a cabo específicamente por las autoridades en cumplimiento de la ley británica", se apuró a aclarar Josh Earnest, vocero adjunto de la Casa Blanca. Se refería a la detención del ciudadano brasileño David Miranda durante 9 horas en el aeropuerto de Heathrow, apelando al artículo 7 de la Ley Antiterrorista británica.
¿Quién es Miranda? Se trata de la pareja de Glenn Greenwald, uno de los periodistas contactados por Snowden para revelar al mundo los alcances de PRISMA y demás programas secretos de la NSA. Es, además, uno de los colaboradores del periodista de The Guardian en sus investigaciones, según aclaró el propio cronista.
De regreso de un viaje a Berlín donde se había reunido con Laura Poitras, documentalista estadounidense que reparte su tiempo entre Nueva York y la capital germana y quien también ha dado cobertura al caso Snowden, fue interceptado por las autoridades inglesas y retenido las nueve horas que la legislación autoriza en supuestos casos de excepción, además de quitarle sus pertenencias. La ley permite su confiscación por hasta siete días.
"El canciller brasileño convocó al embajador británico para solicitarle una explicación sobre por qué aquel ciudadano había sido detenido. La prensa en Brasil catalogó esto como un ataque al periodismo. La sociedad se está preguntando: 'Luego de la guerra al terrorismo, ¿estamos ahora ante una guerra al periodismo?'", se preguntó Ronald Lemos, fundador del Centro de Tecnología y Sociedad de la Escuela de Leyes Fundação Getulio Vargas (FGV) en Río de Janeiro.
Al episodio de Miranda se sumó un segundo ataque a los "mensajeros" narrado por uno de los editores de The Guardian, Alan Rusbridger, casi un mes más tarde: la irrupción de supuestos enviados de Downing Street 10, sede del Gobierno, para destruir toda evidencia del material filtrado.
"Ya se han divertido, ahora queremos que entreguen las cosas", rememoró el periodista la orden de Whitehall, barrio londinense que alberga a las oficinas gubernamentales, en alusión al material conseguido por Greenwald para el diario que no sólo involucraba ya a la NSA sino también a su prima hermana británica, la Goverment Communications Headquarters (GCHQ).
Según Rusbridger, fueron semanas de presiones y amenazas de hostigamientos judiciales por parte de funcionarios del Gobierno que dijeron representar "la opinión del primer ministro", David Cameron, reclamándole a The Guardian la entrega o destrucción del material de Snowden. "Ya han conseguido instalar su debate. No necesitan escribir más sobre el tema", los increparon.
"Entonces se produjo uno de los momentos más extraños de la larga historia de The Guardian -relató el editor en su columna-. Dos expertos en seguridad de la GCHQ asistieron a la destrucción de los discos duros en los sótanos de The Guardian para estar seguros de que no quedaba nada que pudiera despertar el interés de agentes chinos". Y hasta tuvieron humor para jugar una broma: "Podemos cancelar los helicópteros negros", se jactaron en voz alta con la MacBook Pro hecha trizas a sus pies.
Ambos ataques ejecutados por orden europea en connivencia con los intereses de la Casa Blanca palidecen ante el episodio del avión de Evo Morales. A su regreso de una cumbre internacional de países exportadores de gas en Moscú, Francia, España, Portugal e Italia le cerraron su espacio aéreo y forzaron a la aeronave presidencial a desviarse a Viena para ser requisada, en flagrante violación de la inmunidad de todo jefe de Estado. Washington sospechaba que Snowden intentaba fugarse en el avión boliviano aunque jamás admitió públicamente haber dado la directiva de forzar el aterrizaje. Al final, resultó que el fugitivo más buscado jamás había abandonado la zona en tránsito de la terminal moscovita.
"Los países europeos requeridos por la administración Obama para actuar en infracción de normas internacionales exhibieron su dependencia y, además, hicieron el ridículo. Al final del día todos tuvieron que pedir disculpas", sostuvo ante Viernes Antonio Remiro Brotons, académico especializado en Derecho Internacional Público de la Universidad Autónoma de Madrid. Y cuestionó: "Creo que la administración Obama quiso probar su capacidad para determinar las decisiones de gobiernos europeos que actúan como satélites una vez que son llamados y presionados al alineamiento incondicional con políticas que Washington estima innegociables. Se destacó con ello la debilidad de una Europa decadente".
CONTRAPESOS
"Ninguna bandera es lo suficientemente grande como para cubrir la vergüenza del asesinato de personas inocentes", citó Manning al historiador Howard Zinn en "La otra historia de los Estados Unidos". Fue en su carta al presidente de Estados Unidos reclamando el indulto de su pena de 35 años de prisión por revelar información que el gobierno consideraba sensible. Wikileaks publicó esos 700 mil documentos y cables de la guerra de Irak, Afganistán y comunicaciones internas entre el Departamento de Estado y sus embajadas. Y Manning recibió por ello una condena superior a la que muchos de sus colegas y superiores obtuvieron por ejecutar las masacres que esos documentos silenciaban.
El dato no es menor en momentos en los que Washington calienta su maquinaria bélica para encarar una nueva cruzada, "de corto alcance", anunciaron sus funcionarios, con Siria como objetivo y la compañía solitaria de Francia, ya que el Parlamento británico vetó a Cameron el envío de fuerzas. Esta vez la sociedad estadounidense se muestra más reacia a la posibilidad de una incursión unilateral e incluso The New York Times reclamó a la Casa Blanca que sea más contundente en sus pruebas contra Damasco si quiere saltear la autoridad de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una vez más.
"La Administración Bush jr. fue tan indecente, mendaz y delictiva en sus acciones internacionales que era inevitable que cualquier administración posterior tuviera mejor aspecto. No cabe duda que la administración Obama merece un juicio favorable si la comparamos con la de su antecesor pero si lo hacemos con las expectativas que había despertado, ha resultado un fiasco. Bush jr. irritaba, Obama produce una cierta conmiseración", criticó Remiro Brotons en diálogo con este medio.
También Rafizadeh respondió con dureza al ser consultado por Viernes sobre el horizonte que asoma tras las filtraciones: "Las normas internacionales, leyes y estructuras políticas sufren de un considerable número de atajos y tanto la legislación internacional como su sistema deben avanzar hacia una mayor inclusión. Creo que, con todo esto, Estados Unidos ha intentado preservar su intereses de seguridad nacional aunque, en el camino, ha abierto interrogantes respecto a nuestros valores."
En su artículo "La extrema arrogancia del imperio: El espionaje universal", el teólogo y reciente admirador del papa Francisco, Leonardo Boff, arriesgó una explicación cultural para la falta de respeto a la legislación internacional por parte de Estados Unidos y sus socios europeos: la arrogancia. "Ese exceso de arrogancia ha llegado en los días actuales a su punto cúlmine (...) en la vigilancia ilimitada, que consiste en la capacidad de que un poder imperial controle, por sofisticada tecnología cibernética, a todas las personas, violando los derechos de soberanía de un país, y el derecho inalienable a la privacidad personal", reflexionó Boff.
Y despertó, con ello, una pregunta en el inconsciente ciudadano: cuando la ley pierde su imperio, ¿qué fija los límites para prevenir el abuso de poder?
| @MiBeldyk |
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