La instalación de la AN (parlamento), electa en los históricos comicios legislativos del 6 de diciembre pasado, se efectuará en un ambiente de incertidumbre, agitado por la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de suspender a tres diputados opositores y un oficialista, que ganaron en el estado Amazonas (sur). Estará acompañada, además, por movilizaciones de los dos bandos que respaldarán a sus respectivos diputados, por lo que se temen enfrentamientos en las inmediaciones del Palacio Legislativo.
La polémica sentencia, que la oposición dijo no respetará, amenaza la poderosa mayoría de dos tercios (112 de 167 escaños) que el antichavismo logró en los comicios y con la cual podría convocar a una asamblea constituyente, remover jueces del TSJ y designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), entre otros.
Ayer, un desafiante Henry Ramos Allup, acérrimo antichavista elegido el domingo por la MUD para sustituir en la presidencia de la AN al número dos del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró que los 112 diputados estarán hoy en la juramentación. "Ninguna decisión burocrática y mucho menos por un organismo absolutamente carente de legitimidad de origen puede trastornar ni puede frustrar o estafar la voluntad popular", manifestó este abogado de 72 años y secretario general de Acción Democrática (AD).
Asimismo, denunció que le negaron el acceso a la sede administrativa del Parlamento. "Esto no se trata de la transmisión de mando de la Asamblea ni nada que se le parezca, esta es una situación verdaderamente insólita", dijo a los periodistas mientras un grupo de simpatizantes del Gobierno de Nicolás Maduro lo abucheaba, incluso hubo quienes golpearon el auto en el que llegó al lugar. Explicó que acudió a la sede administrativa para "conocer los haberes porque también necesito declarar los impuestos sobre la renta que es una obligación legal".
Aunque la MUD pierda provisionalmente tres diputados, aún tendría la mayoría calificada de tres quintas partes, que le permitirá impulsar una ley de amnistía para "75 presos políticos", entre ellos el opositor radical Leopoldo López, líder de Voluntad Popular (VP), condenado a casi 14 años de prisión acusado de llamar a la violencia en protestas en 2014.
De acuerdo con el legislador electo y secretario de VP, Freddy Guevara, la oposición venezolana se encuentra ultimando los detalles sobre la norma que tiene previsto sancionar después de que hoy juramenten sus representantes.
Aseguró que se encuentran discutiendo tres proyectos junto con organizaciones de derechos humanos para definir la normativa más apropiada, que beneficiará a todos los "presos políticos" que fueron detenidos desde el inicio de la revolución bolivariana en 1999 de la mano del fallecido presidente Hugo Chávez.
Maduro anticipó que vetará la amnistía porque los detenidos son "violadores de los derechos humanos y asesinos", a lo que Ramos Allup respondió que el mandatario "no es quién para aceptar o no una ley". "Nosotros tenemos facultades constitucionales para promulgarla en caso de que en su insensatez niegue tal promulgación", insistió ayer.
El veterano opositor anunció también una investigación parlamentaria sobre robos y despilfarros de dinero público por el Gobierno de Maduro, la cual tendrá "dimensiones verdaderamente colosales".
Agregó que la MUD también impulsará reformas económicas para concretar el "cambio" prometido al electorado, y recordó que acordó ofrecer, en el lapso de seis meses, "una solución democrática, constitucional, pacífica y electoral para el cambio del presente Gobierno".
Analistas consideraron ayer desacertado poner entre las prioridades la búsqueda de la salida anticipada del presidente con alguna enmienda o referendo revocatorio, porque el voto castigo contra Maduro se originó en la crisis económica.
El país petrolero con las mayores reservas del mundo sufre el desplome de los precios del crudo -fuente del 96% de sus divisas-, un déficit fiscal del 20% del PBI, 200% de inflación, severa escasez de alimentos y retroceso de un 6% en la actividad económica en 2015, según cálculos privados.
En tanto, ayer sesionó el llamado Parlamento Comunal que impulsó Maduro como forma de hacer contrapeso a un Legislativo dominado por la oposición. El cuerpo aprobará los planes de desarrollo comunales que serán luego sometidos a consideración por los consejos ejecutivos de más de 1.400 comunas existentes en el país.
| Agencias AFP, DPA, EFE y ANSA |
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