"Me negué la primera vez y un viernes amaneció la cortina de acero tiroteada. Otro día pasaron en moto disparando", contó el comerciante. "Aquí todos pagan. El que diga que no miente".
Autoridades y empresarios reconocen que la extorsión es un delito en auge en Venezuela, y que se está propagando desde las zonas fronterizas azotadas por el contrabando y las bandas criminales hasta las principales ciudades del país.
Para el Gobierno de Nicolás Maduro, es un delito importado por paramilitares colombianos. Los comerciantes, en cambio, creen que es otra muestra de que la impunidad sigue avivando el crimen en uno de los países más violentos del continente.
Y el problema no es sólo de seguridad; corre el riesgo de perturbar aún más la economía en recesión porque muchos de los empresarios terminan incluyendo estos gastos en los precios finales, echando leña a la inflación más alta de América.
"Esto que pago va a los precios", confesó el minorista, quien pidió proteger su identidad y que cada mes destina a la "vacuna" unos 100 dólares, alrededor de 20.000 bolívares calculados a la tasa de cambio oficial más alta. El equivalente a tener un trabajador más en la nómina.
Aunque es difícil medir la dimensión real de la extorsión, en 2014 la fiscalía concluyó 215 investigaciones por extorsión y secuestro, un salto frente a las 82 de 2013.
Con todo, ONG calculan que los números son mucho más elevados: una encuesta hecha por el Observatorio Venezolano del Delito Organizado con el auspicio de la Unión Europea reveló que la extorsión está "muy presente" para un 34% de los 3.500 hogares urbanos consultados entre julio y agosto y "más o menos presente" para el 29%.
"Eso es paramilitarismo. Y está no sólo aquí (en el fronterizo estado Apure), sino en Caracas también. No cerremos los ojos", dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, justificando la decisión de Maduro de cerrar varios pasos en la frontera con Colombia. Las autoridades de Venezuela movilizaron a su fuerza militar y policial a las barriadas, buscando desmantelar bandas que expertos describen como pequeños ejércitos con armas de guerra y muy coordinados entre ellos.
Un 20% de los 400 miembros de la Cámara de Comercio cerró sus negocios el año pasado por un cóctel de recesión e inseguridad. Después de que en septiembre unos motociclistas lanzaran una granada en una zapatería cerca de la frontera con Colombia, Alberto Quintero, dueño de un local de pinturas admitió que recibe amenazas intermitentes. La última vez que pagó 30.000 bolívares fue hace seis meses. "Vivimos en un estado de zozobra. A veces uno acude a la Policía, pero ni siquiera viene", dijo.
| Agencia Reuters |
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