Vialidad: revelan que peritos nunca analizaron documentación clave sobre obras en Santa Cruz

Surge del cruce de especialistas durante el debate oral. Los técnicos que mencionaron sobreprecios jamás vieron los “libros de obras” ni tomaron en cuenta la supervisión por parte de las autoridades. Omitieron datos provistos por los inspectores y los partes por la suspensión de trabajos por causas externas que prolongaron los plazos, una de las objeciones.

Lázaro Báez

En una nueva audiencia del juicio que investiga presuntas irregularidades en las obras viales de la provincia de Santa Cruz, el perito oficial Pablo Eloy Bona; el que representó al Ministerio Público Fiscal Roberto Panizza y la perita de parte de Cristina de Kirchner, Adriana Alperovich volvieron a debatir los puntos principales del peritaje oficial. Mientras los dos primeros afirmaron que hubo sobreprecios, la ingeniera afirmó que se pagaron los valores de mercado.

En este marco, Alperovich volvió a cruzar en duros términos a sus colegas al asegurar que hicieron “suposiciones”, ya que no analizaron documentación esencial para evaluar las licitaciones de las empresas de Lázaro Báez.

La perita aseguró que no hicieron análisis de los libros de obras, por lo que no es posible que se hayan concluido incumplimientos. “La contratista presenta su plan de trabajo que debe ser aprobado por la supervisión de obra. Todas las etapas de la ejecución de obra deben ser aprobadas por el comitente”, dijo, en relación a la parte que solicita la obra que para el caso de Santa Cruz era Vialidad de esa provincia. Y explicó que las mismas se registran en las notas de pedido y en las órdenes de servicio. “Los libros cuentan la vida de la obra”, graficó. Por lo que, según la profesional, “las suposiciones no se corresponden sin tener la documentación a la vista”.

“Nosotros no hacemos suposiciones”, respondió visiblemente enojado Bona. “Nuestro trabajo es técnico y objetivo”, aseguró.

Alperovich replicó que, además de los libros de obras, la administración general (la AGVP) tiene supervisor de obra que vive en la obra y da cuenta de cada paso de los trabajos. “¿A usted le consta?”, preguntó el fiscal Sergio Mola. “Es una obligación que esté. Y figura en los pliegos quién es el supervisor designado para cada obra”, respondió la ingeniera.

Parte del debate giró en torno a las extensiones de plazo otorgadas a algunas de las obras de Austral -sobre todo la circunvalación de la Ruta 3- y si las mismas fueron otorgadas según las normas o fueron incumplimientos de la empresa. Para Alperovich, sus colegas no tuvieron en cuenta la crisis de 2008, con la caída de Lehman Brothers, cuando, por ejemplo, entre otros imponderables hubo faltante de combustible.

“Habría un incumplimiento de todas las metas de la contratista. Algo en la contratista no funcionó, porque dar, le dieron todo. Nosotros no teníamos la documentación respaldatoria sobre las compensaciones por la crisis mundial de 2008”, se defendió Panizza.

“Las obras son dinámicas y cambian, por eso deben ser analizadas en su totalidad”, retrucó Alperovich. Y detalló que “hubo todo: nota de pedido, informe de inspector, intervención en función de lo que establece el pliego. ¿El pliego dice que esto es así y está la documentación? Sí. Está todo. Intervino el área de legales. No hay nada que decir”.

Panizza insistió: “Era una empresa que a mi entender estaba subdimensionada y no verificaba los certificados de obra”.

Piquetes

Otro de los ejes de la discusión pasó por las demoras en las obras por el conflicto laboral que atravesaban los trabajadores de Austral y los piquetes que impidieron los trabajos. “No hay manera de determinar el costo que le genera a la empresa un día de piquete. No sabemos ni cómo lo analizó la AGVP ni cómo lo evaluó la empresa”, dijo Bona. Y expresó que hay tiempos que no se condicen con la ampliación de plazo que le otorgaron a Austral: “Según publicaciones periodísticas, los días no coinciden. Pero no es posible mensurarlo”. Y argumentó que la empresa informó del conflicto con los trabajadores, pero no adjuntó documentación para acreditarlo. “Se le dio 15 meses de extensión de plazo por un piquete que duró 100 días”, agregó.

La respuesta llegó de la voz de Alperovich: “Hay partes diarios donde se informa la paralización por diferentes imponderables: clima, problemas con las maquinarias, piquetes, etc.”. Nada de eso pareció haberse tenido en cuenta para las conclusiones del informe que se han ido desgajando conforme avanzó el cruce entre los especialistas. Cuando culminen ingresará en la recta final el juicio oral y público.