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El Congreso de Tucumán y un contexto lleno de dificultades

El 9 de julio de 1816 constituyó un intento de resolver la sucesión al orden colonial que había caído seis años antes. Los 29 diputados que quedaban en Tucumán debían hacer frente a un conjunto de complicaciones externas e internas de enorme gravedad. Otros cinco ya habían abandonado las sesiones, principalmente por obligaciones militares de urgencia.

El derrumbe de los partidarios de la legitimidad monárquica llevaba ya un tiempo considerable. El enérgico retorno de Fernando VII al trono español en 1814, tras la caída del emperador francés Napoleón I, anunciaba que no dejaría partir a sus dominios americanos sin más. La avanzada militar realista se consolidaba, con el correr de los meses, como una amenaza pronta a poner fin a las aspiraciones tanto autonómicas como independentistas de estas tierras.

Los oficios diplomáticos de Bernardino Rivadavia y Manuel Belgrano tampoco habían surtido efecto. Enviados a las cortes europeas, no lograron adhesiones al proceso independentista ni en Madrid ni en Londres. Ambos próceres buscaban candidatos a encabezar una monarquía constitucional en las Provincias Unidas. También falló una misión con el mismo objetivo, enviada a la corte portuguesa de Río de Janeiro. Se había mencionado a la infanta Carlota Joaquina, esposa del rey de Portugal; al duque de Lucca, don Carlos Luis de Parma; y también al infante Francisco de Paula, hermano menor de Fernando VII. La restauración del orden pre bonapartista sumía a Europa en una nueva oleada de absolutismo, donde aparentemente no cabían los proyectos emancipadores de las posesiones sudamericanas.

En el frente interno, la caída de Carlos de Alvear, en abril de 1815, había sido un certero golpe al centralismo porteño, que sin embargo no había muerto del todo. El Congreso era una necesidad, una reacción del interior a la pobre eficacia de la capital para llevar adelante un proceso político exitoso tras los sucesos de mayo de 1810. Buenos Aires recogió el guante, apoyando la iniciativa de otorgar la sede del Congreso a la ciudad de Tucumán. Este gesto se acompañó con la elección del diputado Juan Martín de Pueyrredón, oriundo de Buenos Aires, como nuevo director supremo. Nombrado para el cargo en aquella ciudad del norte, estos sucesos marcan los procesos de negociación entre la capital y el interior tendientes a evitar la profundización de la desintegración política que asolaba a las Provincias Unidas.

Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y la Banda Oriental estaban bajo la influencia de José Artigas, que había hecho públicas sus divergencias con cada uno de los intentos de poder central que habían surgido en Buenos Aires. Era la otra revolución, la del Litoral. Las provincias bajo su influencia, con excepción de Córdoba, no participaron de la convocatoria en Tucumán. El Congreso logró retener a Salta, dándole un marco institucional a Martín Miguel de Güemes para que haga públicas sus diferencias con la capital a través de la candidatura fallida de José Moldes para el cargo de director supremo. También logró conservar a La Rioja, apoyándose en las fracturas políticas al interior de esa provincia. Los diputados se mostraron rápidos de reflejos. Sabían que la situación del país exigía, al menos por ahora, pragmatismo.

Como se ha visto, nuestra Declaración de Independencia fue adoptada en un contexto de gran contradicción, tanto externa como interna. Pocos meses más tarde, el país volvería a ser arrastrado hacia una espiral de violencia y contradicción que se prolongó por casi cuarenta años. De aquella jornada nos queda, sin embargo, la valiente decisión de un grupo de diputados que, a pesar de las dificultades, encararon con espíritu magnánimo la difícil tarea de comenzar a construir la República.

(*) Said Chaya, profesor de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral

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