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El impactante estallido de un modelo exitoso pero que deja una legión de decepcionados

La crisis va mucho más allá del 3,75% de aumento de la tarifa de subterráneo. Ingresos insuficientes, altos niveles de endeudamiento privado y acceso caro y difícil a los servicios públicos.

La democracia restablecida en Chile en 1990 se fue deshaciendo paso a paso de su carácter condicionado por la persistencia de un poder militar muy fuerte y, en paralelo, abriendo caminos para que el reclamo popular modificara algunas de las bases de un sistema económico efectivo para generar riqueza pero poco apto para el reconocimiento de derechos civiles y laborales y para la necesidad de una distribución equitativa. Los avances, sin embargo, no parecen haber sido tan veloces como las expectativas de una sociedad que mejoró visiblemente su nivel de vida y su capacidad de soñar. Así, el fin de la promesa del derrame de la riqueza, enorme en manos de unos pocos, encuentra en estos días en la calle una contestación violenta.

Sería un error afirmar, con las imágenes de espanto de las últimas horas demasiado frescas, que el modelo chileno fracasó: mal podría afirmarse semejante cosa en un país que logró crecer durante décadas y aumentar un 3,3% anual su PBI per cápita desde 1980, poniéndose a la vera misma del desarrollo.

Es más, este mismo año, cuando su economía abierta al comercio exterior no puede más que sufrir la ralentización de la economía global, el crecimiento esperado es del 2,5% y la inflación, del 2% anual, cifras que envidian casi todos los países de la región, por no hablar de una Argentina fuera de control. En tanto, la pobreza medida por ingresos cayó al 8,6%. Para muchos, sin embargo, todo eso hoy parece insuficiente.

Jaime Abedrapo Rojas, director escuela de Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS), le dijo a Ámbito Financiero desde Santiago que “el análisis debe ser amplio. Desde hace tiempo, décadas, se ha ido erosionando el tejido social en Chile. Eso va desde la falta de representatividad de los partidos políticos -lo que ha motivado el surgimiento de movimientos sociales que canalizan el descontento- hasta la constatación de una sociedad partida en dos”.

De acuerdo con el analista, “por un lado están los que gozan del crecimiento y de la modernidad y, por el otro, los que pagan todo a crédito, desde la salud hasta la universidad”.

En efecto, de acuerdo con un estudio de la Universidad San Sebastián y Equifax, uno de cada tres chilenos adultos tiene deudas que no logra resolver y debe refinanciar de manera continua. Se trata de un producto inevitable de un sistema en el que el acceso a la educación secundaria y superior se amplió desde las revueltas estudiantiles de 2006 y 2011 pero no hasta el extremo de la gratuidad y en el que la salud resulta igualmente cara y regida por reglas de mercado. El protagonismo de los jóvenes en los hechos de estos días resulta revelador en ese sentido.

El problema lo sufren los chilenos de ingresos medios, muchos de los cuales fueron rescatados de la pobreza por el mismo modelo económico que hoy les veda dar los otros pasos hacia el progreso personal que les había prometido. El ingreso medio de los chilenos llegó el año pasado a los 400.000 pesos mensuales (560 dólares o 33.000 pesos argentinos al cambio actual) y la mitad de los trabajadores del país quedó por debajo de esa cifra. También lo padecen los jubilados de un esquema de capitalización individual en el que la mayoría se jubila con haberes inferiores a un salario mínimo de 400 dólares. Los números pueden lucir mejores de lo que realmente son para un lector argentino cuyos ingresos están devaluados, pero resultan insuficientes para evadir el ciclo de endeudamiento sin fin en un país hoy más caro como el hermano.

El aumento de 3,75% de la tarifa del subterráneo parece poca explicación para semejante estallido. Tal vez ilustre mejor la cuestión el hecho de que el pasaje es el más caro de la región (1,17 dólares o 70 pesos argentinos) y que los más pobres destinan casi el 30% de sus ingresos al transporte para ir a trabajar.

“Hay una situación de orfandad frente a quienes han concentrado el capital. Lo visible, en efecto, es el sistema de AFP, los seguros de salud frente a una salud pública deficitaria, carreras universitarias privadas que cobran unilateralmente lo que quieren y están mal reguladas, una educación pública de mala calidad... y un tremendo etcétera...”, siguió.Un problema para las actuales autoridades, que no se había dado por caso en las revueltas estudiantiles de 2006 y 2011, que les explotaron respectivamente a Michelle Bachelet y al propio Piñera, es la actual falta de referentes con quienes negociar.

“Eso resulta extremadamente difícil porque no hay políticos ni actores de la sociedad que puedan representar” a quienes protestan, explicó el catedrático de la USS.

En paralelo, cabe preguntarse quién está del otro lado del mostrador para intentar alguna forma de conciliación. Andrés Cruz, doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca y magister en Ciencia Política, Seguridad y Defensa de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), le dijo a este diario que “estamos ante un Gobierno totalmente perplejo, superado, que no parece comprender lo que ocurre y que opta por la represión militar en lugar de plantear una salida política”.

“La presencia de los militares en las calles no ha hecho más que empujar una mayor participación ciudadana. Siembra segregación y resentimientos y cosecha desobediencia y protesta popular”, cerró Cruz.

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