A casi tres años del inicio del gobierno de Javier Milei, Argentina mantiene una calificación climática “altamente insuficiente” en la evaluación del Climate Action Tracker (CAT) en el marco de la cumbre del clima de la ONU, que advierte sobre el debilitamiento de las instituciones ambientales, la falta de presentación de los compromisos climáticos para 2035 y la continuidad de una estrategia energética centrada en la expansión de los combustibles fósiles.
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El Climate Action Tracker mejoró la nota del país, pero aclaró que no responde a nuevas medidas de mitigación, sino a la caída de las emisiones por la recesión y a cambios metodológicos en el inventario. Cuestionó la falta de la meta climática para 2035, el retroceso institucional y la apuesta por expandir los hidrocarburos.
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Cambio climático. Las emisiones de Argentina en 2030 alcanzarían 361 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e), sin contabilizar el sector de uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura (LULUCF).
El informe al que accedió Energy Report y que fue difundido en la previa de la COP31 que se desarrolla en Antalya, Turquía, también señaló que la mejora registrada frente a la evaluación anterior no refleja avances concretos en la acción climática, sino una reducción de las emisiones asociada a la contracción económica y a modificaciones en la metodología del inventario nacional.
El análisis fechado a julio pasado pone el foco en la distancia entre los compromisos argentinos y los objetivos del Acuerdo de París, que busca limitar el calentamiento global a 1,5°C. Para el CAT, tanto las políticas y acciones del país como su meta de reducción de emisiones para 2030 resultan insuficientes.
De hecho, el gobierno de Milei fue uno de los primeros detractores del Acuerdo de París y sus postulados, principalmente negando el cambio climático. En ese sentido, la CAT adviertió que el Gobierno libetario todavía no presentó su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) para 2035, pese a que el plazo oficial ya venció.
Una mejora en la calificación que no responde a nuevas políticas climáticas
La evaluación general de Argentina pasó de “críticamente insuficiente” a “altamente insuficiente” respecto del análisis anterior. Sin embargo, el CAT aclara que el cambio no es consecuencia de nuevas medidas de mitigación ni de una mayor ambición ambiental del Gobierno. Se explica, principalmente, por la revisión de los datos históricos de emisiones y por una caída de la actividad económica mayor a la que se había proyectado.
Con información más reciente del inventario nacional, presentado ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) como parte del primer Informe Bienal de Transparencia (BTR1), el organismo actualizó sus estimaciones, en particular para el sector agropecuario. Los datos disponibles para 2023 y 2024 muestran que las emisiones argentinas volvieron a bajar después del rebote posterior a la pandemia. Entre 2022 y 2024, se redujeron alrededor de 4%, cuando la evaluación anterior del CAT estimaba un incremento de 7% para ese período.
La diferencia responde, en buena medida, a que las proyecciones previas suponían una trayectoria de crecimiento económico que finalmente no se concretó. La recesión, la caída de la actividad industrial y la menor demanda de energía redujeron las emisiones por encima de lo previsto.
A partir de esta actualización, el CAT estima que las emisiones de Argentina en 2030 alcanzarían 361 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e), sin contabilizar el sector de uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura (LULUCF).
Según el organismo, el país podría cumplir su meta de 2030 con las políticas actuales. No obstante, advierte que ese resultado depende de un nivel de actividad económica que no necesariamente se mantendrá: si Argentina logra recuperar el crecimiento en los próximos años, las emisiones podrían volver a subir y el objetivo dejaría de estar al alcance con las medidas vigentes.
El informe también plantea dudas sobre la capacidad del Estado para sostener las políticas existentes, en un escenario de fuertes recortes de recursos humanos y financieros destinados a la gestión climática.
El retroceso institucional y la falta de la meta para 2035
Uno de los principales cuestionamientos del CAT apunta a la reorganización del área ambiental durante la gestión de Milei. Desde diciembre de 2023, el Gobierno redujo progresivamente su jerarquía institucional: el antiguo Ministerio de Ambiente fue convertido en una subsecretaría, luego trasladado al ámbito de la Jefatura de Gabinete y, posteriormente, perdió organismos técnicos clave.
En abril de 2026, el Ejecutivo disolvió la Dirección Nacional de Desarrollo Sostenible y Gestión Climática y la Dirección de Impacto Climático. Para el organismo internacional, esos cambios debilitaron las capacidades estatales para planificar, monitorear e implementar políticas de mitigación y adaptación.
El documento recuerda que durante la campaña presidencial Milei había cuestionado la existencia del cambio climático de origen humano, anticipado que su administración no priorizaría esa agenda e incluso planteado la posibilidad de que Argentina se retirara del Acuerdo de París. Si bien el Gobierno luego aclaró que el país permanecería en el tratado internacional, todavía no presentó su nueva NDC para 2035.
Argentina se encuentra entre los últimos países evaluados por el CAT que aún no actualizaron ese compromiso, pese a que el plazo oficial para hacerlo ya venció. La demora suma incertidumbre sobre el rumbo de la política climática y sobre el nivel de ambición que el país pretende asumir para la próxima década.
Hidrocarburos, Vaca Muerta y una estrategia enfocada en las exportaciones
En paralelo al debilitamiento de la estructura ambiental, el Gobierno impulsa la expansión de la producción de petróleo y gas, con el objetivo de convertir a Argentina en un actor relevante de los mercados internacionales de hidrocarburos y gas natural licuado (GNL).
El CAT señala que la administración nacional busca elevar el saldo comercial del sector energético desde u$s6.000 millones en 2024 hasta u$s44.000 millones en 2035. En esa estrategia, Vaca Muerta ocupa un lugar central, junto con el desarrollo de la infraestructura necesaria para ampliar la producción y las exportaciones.
El organismo también menciona al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como una de las herramientas utilizadas para atraer capital extranjero destinado a desarrollar los recursos no convencionales y las obras asociadas.
La evaluación considera que esta orientación convive con la falta de una hoja de ruta para la transición energética y con la ausencia de medidas suficientes para reducir las emisiones.
Entre sus recomendaciones, plantea que Argentina debería eliminar progresivamente los incentivos y apoyos a la exploración y producción de petróleo y gas, además de establecer un plan de transición para el sector energético.
Renovables: Argentina quedó por debajo de la meta de generación eléctrica
El informe también identifica un incumplimiento en uno de los objetivos fijados por la legislación argentina para diversificar la matriz eléctrica. La Ley 27.191, sancionada en 2015, estableció que las energías renovables, excluidas las grandes centrales hidroeléctricas, debían alcanzar al menos el 20% del consumo total de electricidad para 2025.
Sin embargo, la generación eléctrica a partir de fuentes renovables modernas llegó a alrededor del 15% en 2025, por debajo de la meta legal. El CAT vincula ese resultado con el abandono, desde 2019, de instrumentos de promoción que habían impulsado el desarrollo del sector, entre ellos el programa de licitaciones RenovAr.
Por eso, recomienda recuperar y fortalecer las políticas existentes para acelerar la incorporación de energías renovables, junto con una planificación de la transición energética que permita reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
El organismo reconoce, de todos modos, algunos avances. Entre ellos, menciona la reducción progresiva de los subsidios a la electricidad y al gas, aunque advierte que todavía no está claro en qué medida los mecanismos previstos logran proteger a los hogares más vulnerables.
También destaca el crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos e híbridos, que alcanzaron las 26.000 unidades nuevas en 2025. Parte de ese avance está asociado al decreto que habilitó el ingreso de hasta 50.000 vehículos de bajas emisiones por año sin aranceles de importación.
Uso del suelo y bosques: una fuente histórica de emisiones
La evaluación del CAT también incluye el impacto del uso del suelo, el cambio de uso del suelo y la silvicultura. En esta categoría, el organismo clasifica a Argentina como una “fuente” de emisiones, debido a que, en promedio, el sector representó más del 20% de las emisiones totales del país durante los últimos 20 años.
El informe observa, sin embargo, que entre 2014 y 2022 las emisiones vinculadas a este sector comenzaron a disminuir y llegaron a representar apenas el 3% del total en 2019. Para el CAT, esa evolución podría indicar que algunas de las medidas aplicadas para contener las emisiones asociadas al uso del suelo tuvieron resultados positivos, aunque considera necesario mantenerlas, actualizarlas y reforzarlas.
En ese sentido, recomienda que el país también establezca un plan de transición de bajas emisiones para el sector agropecuario, la ganadería y los cambios en el uso de la tierra.
La meta de carbono neutralidad para 2050 recibió una calificación “pobre”
Argentina presentó en noviembre de 2022 su Estrategia de Largo Plazo ante Naciones Unidas, que incluye el compromiso de alcanzar la neutralidad de gases de efecto invernadero en 2050. Sin embargo, el CAT calificó ese objetivo como “pobre”, al considerar que no contempla varios de los elementos que su metodología identifica como buenas prácticas para las metas de emisiones netas cero.
El organismo reconoce que el compromiso argentino abarca todos los gases de efecto invernadero y sectores de la economía, pero señala que el Gobierno no brindó información clave, entre ella el papel que tendrán las remociones de dióxido de carbono para alcanzar la neutralidad.
Qué cambios reclama el Climate Action Tracker
Para mejorar su calificación y acercar sus compromisos al objetivo de 1,5°C, el CAT plantea una serie de cambios en la política climática argentina. Entre ellos, ubica como prioridad la presentación de la NDC para 2035, con metas más ambiciosas tanto para ese año como para 2030, y la recuperación de los recursos institucionales y presupuestarios necesarios para implementar las políticas existentes.
También reclama una hoja de ruta para la transición energética, el restablecimiento de herramientas de promoción de las renovables como RenovAr, la eliminación progresiva del apoyo a nuevos desarrollos de petróleo y gas y un plan específico para reducir las emisiones de la agricultura, la ganadería y el cambio de uso del suelo.
La evaluación general resume el diagnóstico: las metas y políticas argentinas no están alineadas con el límite de 1,5°C del Acuerdo de París y, de mantenerse el enfoque actual, conducirían a un aumento de las emisiones en lugar de una reducción. En la comparación con los caminos de reducción compatibles con el objetivo climático, tanto las políticas y acciones como la NDC de 2030 recibieron la calificación “altamente insuficiente”. El CAT estima que, si todos los países siguieran un enfoque similar al argentino, el calentamiento global podría superar los 3°C y llegar hasta los 4°C hacia fines de siglo.







